La Secretaría de la Función Pública informó que en relación con la solicitud de investigación que recibió la por presuntas faltas administrativas atribuibles al Presidente Andrés Manuel López Obrador, un particular y a sus familiares, no encontró irregularidades
Menciona que el 15 de febrero de 2022, recibió un escrito en el que se imputa al Presidente y al ciudadano Daniel Chávez Morán, haber incurrido, presuntamente, en “conflicto de interés, cohecho y soborno”.
En el documento también se menciona a 2 empresas, a 2 hijos del Chávez y a un hijo del Presidente, por lo que inició un expediente de investigación el 16 de febrero de 2022.
Precisa la dependencia que con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares.
Los resultados que se obtuvieron por los medios probatorios determinaron que se acreditó que Chávez Morán, nombrado "supervisor honorario" en el proyecto "Tren Maya", no recibió ni recibe sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Asimismo, no se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno Federal.
Por otra parte, la Funciona Pública no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal, ni actos celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners.
Añade que, sobre la base de las evidencias, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría emitió el Acuerdo de Conclusión por Falta de Elementos
