La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reabrirá la investigación en el caso Digna Ochoa y Plácido, luego de que el pasado viernes 21 de enero, la Fiscalía fue notificada de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la investigación de la muerte de la defensora de los derechos humanos.
La dependencia explica que México, que como Estado soberano es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, suscribió y ratificó su adhesión a diversos instrumentos internacionales y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte, por lo cual, y en cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana, la Fiscal Ernestina Godoy, instruyó la reapertura de la investigación de la muerte de Digna Ochoa.
Ello se realizará adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales; poniendo al centro a las víctimas; y, con objetividad, imparcialidad y rigor científico.
El comunicado de la Fiscalía de la CDMX apunta que ya se celebró un encuentro y diálogo con la familia Ochoa y Plácido, así como con sus representantes y servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y de la propia Fiscalía, en donde se refrendó la convicción por parte de las instituciones de dar cumplimiento debido y oportuno, en los términos señalados en cada resolutivo de la sentencia.
Durante el encuentro se acordó orientarse al cumplimiento de los componentes de reparación a favor de las víctimas indirectas, en ánimo de dar remembranza y reconocimiento a la labor de la defensora derechos humanos.
Para el caso de la reapertura de la investigación, se acordó una reunión de trabajo con la familia y sus representantes para avanzar en el diseño de un plan de investigación, lo anterior, de conformidad al compromiso para que la indagatoria garantice la participación activa de la familia y sus representantes, en un marco de actuación sustentado en la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género.
También, esto conlleva a una conducción estratégica de las acciones de investigación que permitan a la familia, a las personas defensoras de derechos humanos y a la comunidad identificar el compromiso de las autoridades por el esclarecimiento de los hechos y el valor que tiene recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración y administración de justicia.
