Resolución del Consejo de Seguridad viola derecho de autodeterminación palestino: experta

Una experta independiente de la ONU ha expresado su grave preocupación por la adopción de la Resolución 2803 por parte del Consejo de Seguridad, advirtiendo que va en contra del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, al tiempo que consolida la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado.

Según Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, recibe con satisfacción la renovada atención del Consejo de Seguridad sobre Gaza y la necesidad urgente de un alto al fuego permanente", pero se dice perplejida por su utliba Resolución.

“Pese a los horrores de los últimos 2 años y la jurisprudencia clara de la Corte Internacional de Justicia, el Consejo ha optado por no basar su respuesta en el mismo cuerpo de derecho que está obligado a defender: el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación, el derecho que rige el uso de la fuerza, el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas".

Expone que "el Artículo 24(2) de la Carta de la ONU deja claro que, en el desempeño de sus funciones, el Consejo 'actuará de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas'", y apunta que, en lugar de trazar un camino hacia el fin de la ocupación, la resolución corre el riesgo de afianzar el control externo sobre la gobernanza, las fronteras, la seguridad y la reconstrucción de Gaza.

Asegura que la resolución adoptada el pasado lunes con 13 votos a favor y 2 abstenciones de Rusia y China. "traiciona al pueblo que dice proteger".

Para Albanese, dicha resolución, consolida las asimetrías de poder al disponer un mandato, el de 'asegurar las fronteras', 'proteger a los civiles' y 'desmantelar armas', que se centra casi exclusivamente en desarmar a los grupos armados palestinos mientras no hace nada para acabar con la causa principal de la violencia: el asedio ilegal continuo de Israel, la ocupación, la segregación racial y el apartheid, y la limpieza étnica".

Por otro lado, sostiene que “no es legal” crear "una fuerza militar que responde a una llamada 'Junta de Paz' presidida por el presidente de los Estados Unidos, parte activa en este conflicto que ha proporcionado continuamente apoyo militar, económico y diplomático a la Potencia ocupante ilegal, no es legal".

Mas aún, la relatora apunta que "es un descarado intento de imponer, mediante la amenaza de fuerza continuada contra una población virtualmente indefensa, los intereses de Estados Unidos e Israel, lisa y llanamente".

Albanese añade que "en esencia, dejará a Palestina en manos de una administración títere, asignando a Estados Unidos, que es cómplice del genocidio, como el nuevo administrador de la prisión al aire libre que Israel ya ha establecido".

De igual forma, recordó que la Corte Internacional de Justicia es clara: la autodeterminación es un derecho inalienable del pueblo palestino y la ONU y todos los Estados tienen la obligación de asistir en su realización. "Esto solo puede comenzar con la retirada inmediata e incondicional de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado. Reemplazar un administrador abusivo por otro no es autodeterminación, es ilegal".

La relatora reflexiona que "marginar el derecho internacional hace a la ONU cómplice, socava la Carta de la ONU y solo puede conducir a una 'intensificación de la carnicería humana'".

Por su parte, en un discurso paralelo, Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, alertó sobre la crítica situación de este organismo.

Subrayó que, mientras la Asamblea General vota la renovación del mandato de la UNRWA, es imperativo que este venga acompañado de financiación adecuada. Advirtió que cualquier plan político para Gaza y el territorio ocupado depende del éxito de la Agencia.

El comisionado general denunció que la UNRWA está siendo deliberadamente socavada mediante una virulenta desinformación y leyes israelíes que bloquean su ayuda, acciones que la Corte Internacional de Justicia ha ordenado levantar.

Esta campaña ha estrangulado su financiación, creando un déficit de 200 millones de dólares que pone en riesgo la continuidad de sus servicios vitales para millones de refugiados en toda la región