Todos los reportes excepto los de medios oficiales peruanos, señalan que ha habido violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las protestas sociales en el país.
Ahora, es el Comité de Derechos Humanos de la ONU quien ha pedido al gobierno de Perú para que se investiguen los abusos, en un informe sobre las principales preocupaciones y recomendaciones para el país suramericano.
El órgano de Naciones Unidas, expresó su malestar por las denuncias sobre el "uso desproporcionado de la fuerza y de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad" en las manifestaciones de finales de 2020 y en las iniciadas en diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte tomó la presidencia ejerció por la vía de las urnas Pedro Castillo..
El comité, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, habla también de "ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias masivas", y pide al interinato de Boluarte "llevar a todos los responsables ante la Justicia", algo que seguramente no sucederá.
Además de solicitar un escrutinio de los hechos con "prontitud e imparcialidad", los expertos, solicitaron al Estado peruano "medidas efectivas" para prevenir que los agentes del orden opten por utilizar la fuerza física desproporcionada o injustificada contra alguien durante cualquier manifestación pública.
El comité de la ONU cuestionó incluso la "ambigüedad de la legislación antiterrorista" y expresó su preocupación por la "creciente aplicación de dicha ley en las protestas sociales de los últimos meses".
El organismo pidió a Perú reformar su legislación para garantizar la protección de los derechos humanos, y citó varias denuncias contra los agentes de operaciones antiterroristas por "malos tratos, agresiones físicas y sexuales, tocamientos y desnudos injustificados".
