Desde el inicio de la política de mano dura contra las pandillas por parte del presidente salvadoreño Nayib Bukele, en la cual eliminó garantías individuales para frenar la inseguridad, han sido archivadas las causas de la muerte de al menos 142 presos que estaban bajo custodia del Estado, y fueron detenidas en el marco de la guerra contra las bandas criminales.
Mientras informaba esto la Fiscalía salvadoreña, el Congreso de El Salvador aprobaba la madrugada del miércoles otra prórroga del estado de emergencia que suspende derechos constitucionales, siendo la décimo quinta vez que se prolonga la medida, en vigor desde el 27 de marzo de 2022, y a raíz de que perdieran la vida 62 personas a manos de las pandillas, en un día.
El índice de asesinatos en el país centroamericano se ha reducido bastante, pero el gabinete de Seguridad volvió a solicitar la prórroga a la cancelación de las garantías individuales de los salvadoreños, para evitar, dicen, la una reacción delictiva de las bandas, pues hay pandilleros que se escondieron en zonas rurales y otros huyeron del país.
Según el Ministerio Público, los 142 internos murieron por causas naturales, en tanto que la organización no gubernamental Cristosal denunció que al menos 153 personas detenidas en El Salvador murieron bajo custodia del Estado durante el estado de excepción vigente en el país.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo en un programa de entrevistas de la televisión local que “llevamos archivados 142 casos que no constituyen delito de acuerdo con las investigaciones”, y señaló que “hemos comprobado científicamente con el auxilio del Instituto de Medicina Legal las causas de las muertes, algunas fueron por enfermedades preexistentes, otras, fueron algún tipo de enfermedad”.
Que coincidencia.
De las víctimas, 4 son mujeres y el resto son hombres, y Cristosal denuncia que ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuía cuando fueron detenidos.
Delgado descalificó el informe de la organización defensora de los derechos humanos, que también revela que las muertes de los detenidos fueron resultado de torturas y lesiones graves y sistemáticas.
Casi la mitad de los fallecidos fueron víctimas de muertes violentas, según la denuncia, pero el Fiscal de Bukele afirma que “los datos de la ONG no son correctos, y no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal, sino que señalan algún tipo de médicos y han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica”.
El estado de excepción elimina el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los cargos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado. Amplía de 72 horas a 15 días la detención y permite a las autoridades intervenir correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos, lo que ha incrementado las detenciones bajo cargos de asociación ilícita, pues también está restringido el derecho de reunión.
Más de 68 mil supuestos pandilleros han sido capturados en el marco del régimen de excepción, y de ellos, más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez principalmente por el delito de agrupaciones ilícitas. Más de 5 mil personas han sido liberadas porque no se les pudo vincular con estas estructuras criminales, sin que las autoridades respondan por esto.
