La Organización Internacional del Trabajo publicó un nuevo informe sobre el mundo del trabajo, y explica cómo las crisis están afectando de manera desproporcionada a los países en desarrollo, y empeorando disparidades en materia de empleo a nivel mundial entre países de altos y bajos ingresos.
Esto amplía además la desigualdad ya exacerbadas por la pandemia de COVID-19.
Bajo el título "Brecha mundial en términos de ocupación", los países de ingreso bajo quedarán más rezagados si no se actúa en favor de los empleos y la protección social.
La publicación revela que el desempleo mundial disminuirá a niveles anteriores a la pandemia en 2023, alcanzando los 191 millones de personas, lo que corresponde a una tasa global de desempleo de 5,3%. Sin embargo, las estimaciones señalan que los países de bajos ingresos seguirán muy por detrás en el proceso de recuperación.
Según los autores, los países de bajos ingresos en África y en la región árabe tienen pocas probabilidades de recuperar en 2023 los niveles de desempleo anteriores a la pandemia. Por el contrario, otras regiones han logrado reducir sus tasas por debajo de los niveles anteriores a la crisis.
En el caso de América Latina y el Caribe, se prevé un 6,7% de desempleo en comparación al 8% en 2019. En el caso de Europa, se estima una tasa del 6,3%, un porcentaje que alcanzaba el 7%.
Para los países en desarrollo, los crecientes niveles de la deuda reducen considerablemente el alcance de las políticas públicas. Las dificultades financieras y fiscales obstaculizan las respuestas a retos complejos, que incluyen conflictos, catástrofes naturales y crisis económicas que tienden a reforzarse mutuamente (policrisis), y agravan la brecha de empleo.
Según el informe, los países de bajos ingresos agobiados por la deuda enfrentan una brecha de empleo mucho más alta, de hasta 25,7% en 2023, frente a 11% en los países en desarrollo con bajo riesgo de sobreendeudamiento.
A pesar del contexto actual, los autores aportan nuevas pruebas de que mayores inversiones en políticas de protección social producirían beneficios económicos, sociales y reducirían la brecha mundial de empleo. Sin embargo, el documento evidencia que existen carencias significativas en este ámbito en los países en desarrollo.
En este sentido, el estudio analiza las pensiones básicas de vejez, en especial en los países de ingresos medios-bajos y de ingresos bajos, donde sólo 38,6% y 23,2% de los ancianos reciben, respectivamente una pensión, frente a 77,5% a nivel mundial.
Sin embargo, la Organización señala que la introducción de esta pensión en los países en desarrollo aumentaría su PIB per cápita en un 14,8% en 10 años y reduciría la pobreza extrema (personas que viven con menos de 2,15 dólares diarios) en 6 puntos porcentuales, lo que sería una disminución drástica de la tasa actual de 15,5%.
“Las conclusiones de este informe nos recuerdan con fuerza las crecientes desigualdades mundiales. Invertir en las personas a través del empleo y la protección social contribuirá a reducir la brecha entre las naciones y las personas ricas y pobres”, declaró el director general de la Organización, Gilbert F. Houngbo
