En un mensaje a la opinión pública, quienes forman parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, expresan que en su calidad de órgano colegiado y máxima autoridad de la institución, aprobó por mayoría el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de Revocación de Mandato.
Consejeros y Consejeras del INE afirman que en un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público.
Apuntan que las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida
Añaden que serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones.
Ante esto, advierten que es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado.
Desde la óptica de Consejeras y Consejeros del INE, se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen.
Dicen que, por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazan las denuncias penales contra cualquiera de sus compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de su autonomía.
Agregan que las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de sus atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.
Finalizan diciendo que, en un Estado democrático de derecho, las diferencias de opinión no se persiguen como delitos.
El texto es suscrito por los consejeros Lorenzo Córdova, Norma Irene De la Cruz, Uuc-kib Espadas, Adriana Margarita Favela, José Martín Fernando Faz, Carla Astrid Humphrey, Ciro Murayama, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala.
