Da a conocer CIDH Resolución sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó hoy una resolución sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos, adoptada con el propósito de proporcionar a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos un marco referencial actualizado con 50 recomendaciones para abordar este fenómeno de manera efectiva, colocando en el centro a las víctimas y garantizando protección de los derechos humanos en las políticas de seguridad.

Esta Resolución responde a la preocupación de la CIDH por el crecimiento exponencial del crimen organizado en la región y sus afectaciones a las democracias, al Estado de derecho y a derechos humanos. Frente a la expansión de economías ilícitas, la violencia territorial y la cooptación de instituciones estatales, la Comisión identificó la urgencia de actualizar sus estándares para brindar lineamientos a los Estados que puedan servir de referencia en el diseño de respuestas integrales con enfoque de derechos humanos.

La Resolución parte de reconocer que el crimen organizado constituye una de las amenazas más graves para la vigencia de los derechos humanos en las Américas, con afectaciones desproporcionadas sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad y discriminación, tanto histórica como estructural.

La Resolución reconoce la gravedad, complejidad y carácter multidimensional del flagelo del crimen organizado, así como sus impactos en la vigencia de los derechos humanos. Por ello, subraya que una gestión eficaz de la seguridad pública exige políticas y estrategias integrales y estructurales que superen enfoques fragmentados, reactivos o excepcionales. Se promueve, la prevención social, el fortalecimiento y eficacia de la administración de justicia, la participación efectiva de las víctimas y la garantía de la reparación integral.

Para la CIDH, solo con un enfoque de derechos humanos será posible enfrentar de manera efectiva y sostenible el crimen organizado, proteger y garantizar la protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y discriminación estructural e histórica, y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en la materia.

La Resolución es el resultado de un proceso que incluyó consultas con organizaciones de la sociedad civil, personas expertas, representantes de la academia, así como a Estados miembros y con organismos internacionales con experiencia en la materia. Estos espacios de diálogo permitieron recoger la diversidad de voces y experiencias de la región, incluyendo audiencias temáticas y aportes escritos que nutrieron el contenido del documento.