Responde Semarnat a nuevos "ambientalistas" que cuestionan Tren Maya: ¿dónde estaban?


En un comunicado, el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales respondió a las críticas de personas a quienes califica de pseudoambientalistas, y que en días pasados han puesto en tela de juicio la viabilidad del Tren Maya asegurando que una de las obras más importantes de la actual administración derivará en daños socioambientales.


La dependencia federal les cuestiona el haber permitido y hasta promovido el desastre ambiental generado por administraciones pasadas, para perpetuar el beneficio de unos cuantos por encima del bien común.


Menciona Semarnat que ante las publicaciones que circulan en redes sociales, con desinformación o información errónea, en las que varias personas y pseudoambientalistas hacen creer a la población que el Gobierno de México promueve la devastación medioambiental en el sureste mexicano, refresca la memoria de hechos de los últimos 30 años que han dañado la riqueza natural de esa región, y que en esos casos quienes hoy se ostentan como defensores del medio ambiente, no hicieron escuchar su voz.


Destaca el crecimiento indiscriminado de granjas porcícolas como lo ocurrido en Yucatán, donde la Asociación de Porcicultores local ha mencionado tener al menos 500 granjas cuyas afectaciones a la salud humana y ambiental por deforestación, desequilibrio ecológico y contaminación de cenotes es innegable.


Señala el uso de agroquímicos como el glifosato, que perjudicó a la salud humana y ambiental, además de que se omitió atender el creciente problema de la deforestación y tala ilegal.


Precisa Semarnat que el sureste es la región más deforestada del país entre otras cosas por la siembra de soya en el estado de Campeche y la tala ilegal de maderas preciosas tropicales entre 2000 y 2018, impactando la Reserva de la Biósfera de Calakmul, la más grande de América Latina.


Destaca los permisos otorgados para la explotación minera sin considerar los daños al ambiente, ya que la explotación de recursos minerales y pétreos se concedió sin consideración de los daños ambientales que ocasiona, permitiendo que se lleve a cabo también por debajo del manto freático y sus impactos son irreversibles, como en Solidaridad, Quintana Roo, así como 68 Áreas Naturales Protegidas terrestres de nuestro país donde existen 1,862 concesiones mineras con una superficie total de traslape de 1.5 millones de hectáreas.


Hace mención además de que se permitió la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite que contravienen las vocaciones naturales del sureste mexicano, la aprobación de megaproyectos y obras de infraestructura que dañaron severamente al medio ambiente, el crecimiento desordenado de la infraestructura turística e inmobiliaria en el estado de Quintana Roo, sin plantear medidas de compensación que mitigaran los impactos al medio ambiente, amén de la contaminación y privatización de las playas del Caribe Mexicano y el deficiente manejo de residuos sólidos y aguas, hasta la explotación de la riqueza natural, incluso dentro de Áreas Naturales Protegidas.


Ante situaciones como las referidas, la Semarnat apunta que con el nuevo gobierno de la 4T empezó la remediación de este desastre socioambiental con, acciones, estrategias y programas que permitan detener y contrarrestar las prácticas que atentan contra el medio ambiente y la población, asegurando que se fomenta un turismo respetuoso de la naturaleza y las comunidades que habitan estos lugares.


Subraya que el actual Programa de Reforestación es el más grande del mundo con la implementación del Programa Sembrando Vida en el sureste mexicano que incluye más de medio millón de hectáreas que favorecen la retención y regeneración de suelos, captación de agua y absorción de bióxido de carbono, la estrategia contra la Tala Ilegal, freno a la deforestación y transición hacia una forma de producción agroecológica con la comunidad menonita, y el reconocimiento a comunidades que cuidan y conservan el medio ambiente mediante el Programa Pago por Servicios Ambientales, para conservar y proteger más de 200 mil hectáreas en el trayecto del Tren Maya


Sostiene que no se ha otorgado ninguna concesión de minería a cielo abierto y se realiza una revisión de las concesiones otorgadas en Áreas Naturales Protegidas, además de que se interponen controversias constitucionales para proteger el medio ambiente, y se hace frente jurídico a instrumentos de ordenamiento ecológico locales que no cumplen técnica y normativamente su fin, y favorecen la urbanización y los intereses inmobiliarios.


Añade que así, el Gobierno de México combate los verdaderos problemas ambientales que hay en el sureste del país, y se implementa el Proyecto Tren Maya como una obra emblemática de este gobierno, que armoniza el desarrollo económico y social con la conservación de los recursos naturales.


Finaliza diciendo que las personas de la región quieren y ven en el Tren Maya un camino de esperanza para su bienestar y felicidad en sus propias comunidades, a diferencia de lo que en administraciones anteriores se hacía para perpetuar el beneficio de unos cuantos, por encima del bien común.

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