En una misiva enviada al Senado de la República, el Consejo Consultivo del INAI, solicitó una vez más a la cámara alta que designe ya a los nuevos consejeros de sizho organismo llamado "autónomo".
Aseguran que lo hacen wn ejercicio de su derecho de petición amparado en el artículo 8º de la Constitución, y recuerda que promovió 2 los juicios de amparo con el fin de que el Senado designara a las personas que ocuparán las 3 vacantes de comisionadas y comisionados en el pleno del INAI, tal y como lo establece en la Constitución.
Refiere que la titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dictó las sentencias en ambos juicios que amparan y protegen a este Consejo Consultivo, y ordenan al Senado los nombramientos mencionados.
Expone el Consejo que los argumentos de la jueza se resumen en la falta de funcionalidad del INAI que afecta los derechos humanos; deja indefensa a la ciudadanía porque no puede ejercer plenamente su derecho a la información, ni garantiz la protección de sus datos personales.
Dice también que eI INAI debe contar con la totalidad de quienes integran el pleno, y que las omisiones del Senado son contrarias a la Constitución, ya que impiden la designación de comisionadas y comisionados, y no permiten su correcto funcionamiento.
La jueza argumenta además que cuando concluye el término y se genera una vacante en el pleno del INAI, el Senado tiene plazos para convocar; por ende, la designación de la comisionada o el comisionado que sustituirá debe tenerse en ese momento.
Menciona que la obligación de nombrar a comisionadas y comisionados no se cumple por el simple hecho de que se haya intentado la votación; y que mientras el Senado no designe, las omisiones no serán subsanadas y no concluirá el proceso.
Agrega que el principio constitucional de regularidad en el funcionamiento de los órganos del Estado, se traduce en garantizar que el INAI ejerza sus atribuciones de manera continua y norma.
Por todo esto, el Consejo Consultivo solicita de manera respetuosa al Senado de la República, considerar y facilitar el cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo
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