Rechaza Corte Penal Internacional categóricamente sanciones de Estados Unidos

Como "ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial", calificó la Corte Penal Internacional (CPI) las nuevas sanciones impuestas por la administración estadounidense contra varios de sus jueces y fiscales adjuntos,

La Corte advirtió que estas medidas no solo amenazan el estado de derecho internacional, sino que afectan directamente a las víctimas, "que acuden a la Corte cuando han agotado todas las demás vías".

Por su parte, el Secretario General de la ONU condenó la decisión de Estados Unidos, y António Guterres advirtió que estas medidas ponen en peligro la capacidad del tribunal para cumplir su mandato y suponen un duro golpe a la justicia penal internacional.

Asimismo, pidió a todos los países que respeten sus compromisos jurídicos y respalden la rendición de cuentas por los crímenes más graves.

También el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las sanciones de "inaceptables" y pide que se retiren de inmediato.

La presidenta de la Corte, Tomoko Akane, denunció en un comunicado que estas medidas buscan obstaculizar la justicia e intimidar a quienes trabajan con el tribunal, y asegura que seguirá cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad, basándose en la ley y las pruebas. “La Corte no se dejará amedrentar”, aseveró.

Las sanciones estadounidenses se producen en un contexto de tensiones por las investigaciones de la CPI, que han incluido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Ni Estados Unidos ni Israel son partes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte.

La CPI, con 125 Estados Parte de todas las regiones, funciona como un tribunal de última instancia para juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

A pesar de las presiones, la Corte ha dejado claro que su labor "se lleva a cabo en el interés exclusivo de las víctimas de crímenes internacionales" y que no se dejará disuadir por "restricciones, presiones o amenazas”.

Las sanciones anunciadas en agosto de 2026 se suman a una serie de designaciones previas que, en conjunto, han alcanzado a 9 de los 18 jueces de la CPI, a los dos fiscales adjuntos, al exfiscal y a un miembro del personal.

Entre los sancionados figuran la presidenta de la Corte, Tomoko Akane (Japón), y el abogado principal de la Fiscalía, Abdoulaye Seye (Senegal).

En rondas anteriores, Washington también había sancionado a los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), y a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).

La CPI subrayó que estas medidas "socavan el Estado de derecho" y que "cuando los actores judiciales son amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que queda en peligro".

La Corte reiteró que continuará ejerciendo su mandato "con independencia e imparcialidad, en plena conformidad con el Estatuto de Roma y en interés de las víctimas de crímenes internacionales".

La Presidencia de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma también ha expresado en el pasado su "profunda preocupación" y se ha opuesto firmemente a las sanciones, describiéndolas como "intentos lamentables de impedir que la Corte y su personal ejerzan sus funciones judiciales independientes".

En un mensaje de unidad, la Asamblea instó a todos los Estados Parte a "mantenerse firmes en su compromiso de defender los principios de la justicia internacional y a permanecer unidos para proteger la Corte, sus funcionarios electos, su personal y quienes cooperan con ella".

Un asalto atroz a la justicia internacional

Expertos independientes de la ONU advirtieron este viernes que las sanciones de Estados Unidos contra la CPI como institución constituyen un "intento descarado de desmantelar el sistema jurídico internacional" creado por Estados, juristas y defensores de los derechos humanos para exigir responsabilidades por los crímenes más graves.

"Sancionar a la institución encargada de impartir justicia por los crímenes internacionales más graves es un asalto a los cimientos de la rendición de cuentas internacional y del Estado de derecho", declararon. "Ningún Estado debería situarse fuera del alcance de la ley intimidando al tribunal establecido para hacerla cumplir e intentando desmantelarlo".

Los expertos subrayaron que "este ataque contra la CPI hiere directamente a las víctimas de atrocidades y a sus defensores, que dependen de la Corte para obtener justicia, rendición de cuentas y reparación".

"Estas sanciones son un asalto atroz de un país contra la administración internacional de justicia y contra los logros de la rendición de cuentas penal internacional frente a la impunidad de los crímenes más graves", afirmaron.

Los expertos advirtieron de que "el sistema de justicia penal internacional forjado en los fuegos de Núremberg y Tokio, y los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, está en el filo de una navaja".

"Sancionar a las instituciones en el corazón de la justicia internacional arriesga desmantelar, pieza a pieza, el sistema que los Estados construyeron para asegurar que los crímenes más graves no queden sin respuesta".

Los expertos pidieron a la Unión Europea que active de inmediato su Estatuto de Bloqueo, para impedir que sus operadores, incluidos bancos y proveedores de servicios, cumplan con sanciones de terceros países que violen el derecho internacional.

Otros Estados con estatutos similares deberían activarlos también para proteger a la Corte, su personal, las víctimas y quienes colaboran con ella. Asimismo, reiteraron su llamamiento a los Estados miembros para que ratifiquen y utilicen el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la CPI para mitigar los efectos de las sanciones.

Instaron a los Estados cuyos nacionales trabajan en la Corte, que emplea a ciudadanos de unos 100 países, a tomar medidas concretas para que no carguen solos con las consecuencias.

También animaron a los Estados a garantizar la protección de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos que apoyan y cooperan con el tribunal.