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Ratifica jueza cierre de Alligator Alcatraz

  • Información 25
  • 29 ago
  • 2 Min. de lectura
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Mientras continúa la apelación federal, la jueza federal Kathleen Williams rechazó la petición del Gobierno del convicto Donald Trump de suspender su orden de cerrar el centro de detención de inmigrantes bautizado como 'Alligator Alcatraz', asentado en una reserva ambiental en Florida.


Williams descartó el pedido del Departamento de Seguridad Nacional en el sentido de frenar la medida pues, argumentaba, interrumpiría la capacidad de Washington para aplicar las leyes de inmigración.


Pese a esto,  la jueza reiteró que su fallo de la semana pasada, debe cumplirse en un plazo de 60 días, y que cesen las operaciones del centro, construido en tiempo récord por otro político afecto a violar leyes como es el de Florida.


El polémico sitio se localiza en una antigua pista aérea en medio del humedal de los Everglades.


De acuerdo con archivos a los que tuvo acceso la agencia Efe sobre el asunto, la jueza expresó en su decisión que "el proyecto estaba afectando negativamente al medioambiente, estaba controlado en gran medida por el gobierno federal y los demandados no realizaron ningún análisis ambiental antes de construir y poner en funcionamiento la instalación".


Más aún, señaló que la orden incluye "a quienes actúan en concierto o participación activa con el estado de Florida o los acusados federales o sus oficiales, agentes o empleados".


El director de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, confirmó que la instalación quedará vacía, toda vez que "la pista aérea convertida pronto tendrá cero detenidos".


Williams avaló la denuncia de grupos ambientales y la tribu Miccosukee, que presentaron una demanda para exigir el cierre completo e inmediato del lugar por dañar los Everglades, área natural con 36 especies endémicas amenazadas como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.


Este ilegal y fallido centro de detención le costó a los estadounidenses 218 millones de dólares que las autoridades del estado, y ahora, cerrarlo costará al estado entre 15 millones y 20 millones de dólares de manera inmediata, y otros 20 millones por reinstalar las estructuras si se le permite reabrirla, según documentos judiciales.

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