Propuesta Inquilinaria evitará desalojos violentos y garantizará rentas justas y asequibles: Brugada

Con el objetivo de combatir la especulación inmobiliaria, frenar la gentrificación y proteger a las familias capitalinas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada detalló la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, presentadas recientemente ante el Congreso de la Ciudad de México.

Remarcó que en dicha propuesta se prevén 7 puntos  para garantizar el derecho al arraigo mediante la creación de la Defensoría Inquilinaria, la limitación de los requisitos de arrendamiento y la protección equitativa,  para inquilinos y arrendadores.

En conferencia de prensa realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria local destacó la urgencia habitacional en el panorama global y local, señalando que la vivienda es la gran causa de los movimientos sociales urbanos de nuestra época.

Tras recordar que en la capital casi el 30% de las familias rentan una vivienda, y que en este rubro los precios se han multiplicado por 5 en las alcaldías centrales durante los últimos 20 años, Brugada Molina expuso que en los últimos 15 años la cantidad de personas que rentan se ha incrementado un 54%, lo que ha provocado que las familias lleguen a destinar hasta el 40% de sus ingresos mensuales para el pago de vivienda.

Por ello, la primera medida de los 7 puntos  presentados establece que los precios de las rentas no podrán subir por encima de la inflación anual, dotando de instrumentos jurídicos para garantizar el cumplimiento de este principio.

La segunda medida será la creación de una Carta de Derechos y Obligaciones que permitirá exigir sólo una garantía para rentar, eliminando la práctica de pedir avales múltiples y pólizas jurídicas excesivas, prohibir la discriminación y fijar deberes claros para los inquilinos.

En tercera instancia, anunció la creación de la Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecerá defensa jurídica gratuita. 

En la cuarta medida, la ley promoverá contratos estables con una duración mínima de un año y un registro digital protegido para dar seguimiento a los acuerdos, facultando sanciones ante aumentos ilegales o daños al inmueble.

Como quinto punto, se ampliará la oferta de vivienda social y asequible, sumando a la iniciativa privada mediante apoyos a los propietarios que suscriban contratos multianuales. En materia de desalojos, el sexto punto plantea la creación del Gabinete de Acompañamiento Social para intervenir, siempre respetando las resoluciones judiciales, y ofrecer alternativas habitacionales o apoyo para renta. 

Brugada Molina aseguró que no hay congelación de rentas en esta iniciativa de ley, ni mucho menos se ataca a la propiedad privada.

Hizo un llamado al Congreso capitalino y a  los actores involucrados en el tema para abrir un debate en el que se escuchen todas las voces y genere consensos.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, precisó que la iniciativa no congela las rentas ni determina un precio único, sino que busca que existan reglas claras y que esa normatividad se cumpla a cabalidad, para ello incorpora sanciones específicas, registro digital de contratos, servicios gratuitos de orientación, asesoría, mediación y conciliación.

Informó que, en la Ciudad de México alrededor de 2 millones de personas viven en vivienda rentada y existen más de 813 mil viviendas en renta, de acuerdo con datos de la encuesta intercensal 2025. Indicó que, de acuerdo a estimaciones recientes del mercado, las rentas se sitúan entre 16 mil 600 y 24 mil pesos en promedio, según la zona y el tipo de vivienda.

Ante ello, el Gobierno de la Ciudad, tiene el compromiso hacia 2030 de realizar 200 mil acciones de vivienda, de las cuales 80 mil serán viviendas nuevas y 120 mil serán procesos de mejoramiento integral en los barrios populares.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, agregó que el Gabinete de Acompañamiento Social ante los Desalojos, brindará asistencia institucional, buscará alternativas habitacionales y canalizará a las personas afectadas hacia programas sociales, asegurando que las diligencias sean pacíficas y sin intervenir en las decisiones de los jueces.

Como medida complementaria, se capacitará obligatoriamente en derechos humanos al personal encargado de mudanzas y resguardos. El objetivo de esta iniciativa es erradicar los desalojos violentos sin intervenir con las resoluciones judiciales, impedir el abandono de pertenencias en la vía pública y evitar que las familias queden pernoctando en la calle.

La Consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes destacó que el eje central de la iniciativa es la creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, una instancia que brindará orientación, asesoría y patrocinio jurídico gratuito, mediante personal especializado, para garantizar los derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios.

Este mecanismo permitirá atender controversias a través de la mediación y la conciliación, con criterios de calidad, confidencialidad, eficacia, honradez y transparencia, a fin de ofrecer reglas claras, fortalecer la certeza jurídica y evitar que los conflictos escalen a procesos judiciales.