Política de Estados Unidos de enviar migrantes a terceros países los expone a tortura y graves abusos: expertos

Los acuerdos de Estados Unidos para trasladar migrantes y solicitantes de asilo a terceros países están creando una cadena de riesgos que puede continuar mucho después de que esas personas abandonen territorio estadounidense, advirtieron estos expertos independientes en derechos humanos.

Explican que el llamado esquema de externalización migratoria se ha extendido a más de 35 países y territorios, algunos de los cuales, según los expertos, carecen de sistemas de asilo, infraestructura de acogida o servicios suficientes para proteger a las personas que reciben.

“Los daños causados por este esquema del Gobierno de Estados Unidos ya no son hipotéticos”, afirmaron los expertos, que señalaron riesgos de tortura y malos tratos, desapariciones forzadas y violaciones del principio de no devolución. Ese principio, prohíbe enviar a una persona a un país donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.

Según los expertos, Estados Unidos ha enviado al menos a 23 mil nacionales de terceros países a 29 países y territorios, mediante acuerdos que afectan tanto a solicitantes de asilo como a migrantes que se encuentran en distintas etapas de sus procesos migratorios.

También cuestionaron la falta de transparencia de esos arreglos, que quedan en gran medida fuera de la supervisión pública y del monitoreo independiente de derechos humanos.

Entre los riesgos documentados mencionan la detención arbitraria o incomunicada, falta de asistencia jurídica y debido proceso, separación de familias, trata de personas,  discriminación y falta de acceso a vivienda, atención sanitaria y otros servicios básicos.

Los expertos manifestaron especial preocupación por niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT, defensores de derechos humanos y personas apátridas, entre otros grupos en situaciones de especial vulnerabilidad.

En algunos casos, señalaron, los migrantes son enviados a países con los que no tienen ningún vínculo y donde pueden encontrarse nuevamente expuestos a violencia o discriminación.

La preocupación no termina necesariamente en el primer traslado. Algunos de los acuerdos, explicaron los expertos, permiten que el país receptor mantenga a las personas emporalmente para luego expulsarlas a otro Estado.

Según los expertos, esto puede generar una cadena de devoluciones que termine llevando a una persona de regreso al país del que huyó, incluso cuando allí pueda correr peligro.

También advirtieron que un retorno no puede considerarse voluntario cuando una persona carece de estatus legal, medios de subsistencia, asesoramiento jurídico independiente o una alternativa real a regresar.

De acuerdo con los expertos, tanto el país que realiza el traslado como el que recibe al migrante mantienen sus responsabilidades conforme al derecho internacional. Un Estado que ayude a otro a llevar a cabo actuaciones que vulneren el principio de no devolución u otras obligaciones de derechos humanos también podría incurrir en responsabilidad internacional, añadieron.

Los expertos pidieron a los Estados y territorios involucrados suspender estos acuerdos, garantizar procedimientos de asilo justos y eficaces y establecer mecanismos de supervisión independiente y rendición de cuentas.

También se refirieron al papel de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, cuya asistencia a refugiados y migrantes consideraron fundamental, pero advirtieron que su participación debe estar acompañada de una estricta diligencia debida en materia de derechos humanos y no contribuir a legitimar acuerdos que puedan conducir a violaciones.