Por increíble que parezca en un país en donde un Congreso desacreditado y una presidenta impopular se mantienen gobernando con el apoyo de los militares, un presidente destituido pide ser repuesto en el cargo.
Pedro Castillo, quien fue electo por la via de las urnas y duró en el puesto de presidente poco más de un año, demandó hace unas horas en un juzgado constitucional peruano que anule su destitución por el Congreso y ordene su restitución en la jefatura del Estado.
Castillo fue destituido y arrestado el passdo 7 de diciembre, cosa que aprovechó la vicepresidenta Dina Boluarte para trepar al cargo .
Castillo, quien está encarcelado por su fallido golpe de Estado, expuso sus argumentos a través de su abogado Guillermo Olivera ante la Tercera Sala Constitucional de Lima.
El apoderado legal de Castillo dijo que se produjo una “violación al debido proceso y al derecho constitucional” cuando el Congreso declaró la “permanente incapacidad moral” su cliente y su consiguiente destitución “en sesión convocada de forma antirreglamentaria e inconstitucional”.
El abogado precisó que, cuando Castillo anunció el cierre del Congreso y que iba a gobernar por decreto e intervenir en la Judicatura, solo leyó “un mensaje a la nación y nada más”.
A juicio del apoderado legal del maestro rural, “Lo único que alzó fue el papel que leyó y una lectura modesta no es un acto ejecutivo de alzamiento en armas”.
Olivera dijo que la destitución se aprobó con 101 votos de legisladores, y no con los 104 mínimos que indica la ley, por lo que acusó a la junta directiva del Congreso de haber “creado un procedimiento que es parte de una farsa”.
El abogado se dirigió a los miembros de la sala constitucional para también decirles que “de oficio deben anular todos los juicios penales” abiertos contra el exgobernante, en referencia a las investigaciones que se le siguen por rebelión y conspiración, así como por ser el presunto líder de una organización criminal al interior del Ejecutivo.
El procurador del Congreso, Javier Ramos, respondio que el tribunal debe tener en cuenta que “ya ha operado la sucesión constitucional” y actualmente gobierna Boluarte, por lo que “existe sustracción de la materia”.
Ramos sostuvo que el Tribunal Constitucional ha establecido que “la disolución del Congreso de la República ocurre mediante un acto, no mediante una norma” y que, por ese motivo, el mensaje de Castillo “debe ser considerado como el acto de disolución del Congreso”.
Acusó al exmandatario de haberse puesto “al margen de la Constitución” y defendió que la actuación del Congreso “estuvo de acuerdo” con la urgencia de respuesta ante una acción de ese tipo.
Luego de escuchar las réplicas y las preguntas de los integrantes de la sala al abogado demandante, el presidente del tribunal, Fernando Paredes, denegó la palabra a Castillo por haber cerrado la audiencia e informó que la resolución se emitirá en el plazo que establece la ley peruana.
Seguramente fallará en contra de Castillo. Es un peligro para el Congreso y el gobierno interino
