Pide Congreso capitalino investigar violencia en el Zócalo durante manifestación Z: alcaldes implicados

El Congreso de la Ciudad de México local exhortó a la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a continuar la investigación sobre la participación de grupos violentos en la manifestación del pasado 15 de noviembre, que provocó disturbios en la explanada del Zócalo capitalino.

El diputado morenista Paulo Emilio García Gonzálz afirmó en tribuna que estos sucesos son parte de una estrategia de desestabilización para generar caos, y no fue una marcha espontánea, ni apartidista, ya que “se quiso usar a las juventudes escondiéndose

detrás de la llamada Generación Z, para expresar odio a nuestro movimiento y al

pueblo”.

Aseguró que en la movilización no hubo expresiones a favor de las demandas de

este sector de la población, y que existen “pruebas que confirman que detrás de los

hechos violentos del Zócalo están figuras centrales de la oposición”, que operaron

para generar estos actos.

Ante la participación de personas que han sido o son parte de la estructura, o cercanas, a las personas titulares de las demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, se solicitó la separación temporal de sus cargos a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y el alcalde Mauricio Tabe Echartea, así como aquellos que hayan intervenido en estos sucesos.

También exhortó a la Junta de Coordinación Política a generar un acuerdo que integre una comisión especial de seguimiento a las

investigaciones respecto de estos actos; y a la titular de la Secretaría de la Contraloría General CDMX a investigar posibles hechos de coacción a personas funcionarias y comerciantes de las alcaldías mencionadas.

Asimismo, se llamó a las y los legisladores integrantes de los grupos parlamentarios

del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano de esta soberanía, a sumarse a la condena de las prácticas de violencia y a favor de la solución pacífica y democrática de diferencias políticas.

Al hablar en contra, el congresista Mario Enrique Sánchez Flores del Partido Acción Nacional se pronunció en contra de la creación de la comisión, y que, en caso de crearla, deberá ser “una comisión de la verdad, no de persecución, autónoma, plural y con facultades reales, que no responda a intereses del poder, sino de la exigencia de la justicia, una comisión que investigue los abusos cometidos por

servidores públicos, documentar los hechos y visitar a las personas detenidas”.

El legislador Gerardo Villanueva Albarrán, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, afirmó que la marcha fue utilizada por grupos violentos que buscan alterar la vida pública capitalina. Se expresó a favor de que la Fiscalia y la policía capitalinas continúen las investigaciones con transparencia y apego a la ley para dar con los responsables, y cuestionó el origen de los 90 millones de pesos que costó la campaña de redes sociales para promover esta movilización.

La diputada América Alejandra Rangel Lorenzana señaló que se debe defender a las y los ciudadanos de bien, no al narcotráfico, ya que las fuerzas que se usaron en la marcha del día sábado fueron agresivas. Criticó la reacción de las fuerzas del gobierno y el uso extremo de la violencia contra la ciudadanía que fue a la marcha a manifestarse.

En su intervención, el diputado morenista Víctor Hugo Romo de Vivar, expuso que se tiene simpatía con las y los jóvenes participantes, no con las personas que usurparon el movimiento y buscaron desestabilizar mediante una campaña de redes sociales de millones de pesos, contratos con participantes, acarreo y repartición de pancartas.