Pide Boluarte al Congreso adelantar elecciones a 2023 tras nuevos disturbios

Las protestas y los bloqueos no cesan en Perú, y en este escenario en el que incluso empieza a haber escasez de alimentos, la presidenta Dina Boluarte, pidió al Congreso que adelante las elecciones generales a diciembre de 2023.

La mandataria estima que dicha medida podría sacar al Perú del "atolladero" que sufre el país desde hace 7 semanas, luego de la dimisión y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo.

El centro de Lima ha sido foco de enfrentamientos entre inconformes y fuerzas de seguridad, cuya actuación ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país andino

Una organización defensora de derechos humanos calificó de “brutalidad sin precedentes”, la reacción del gobierno de Dina Boluarte ante la inconformidad de muchos ciudadanos que votaron por Castillo, y que exigen su renuncia además de la del y la del Parlamento.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, colectivo de instituciones civiles, aseguró en un informe que la contundencia con la que ha respondido el gobierno las movilizaciones no se había visto “en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo”.

Las movilizaciones contra el gobierno dejan hasta ahora saldo de más de medio centenar de muertos.

Además de la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, los manifestantes exigen la realización adelantada de comicios.

En conferencia de prensa, Mar Pérez, investigadora de esa ONG, indicó que nunca en Perú “hemos vivido niveles de represión como los que estamos viviendo en estos momentos”.

De los 56 fallecidos en mes y medio de protestas, 46 son civiles en choques con fuerzas de seguridad, y el resto perdieron la vida en los bloqueos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la semana pasada a las autoridades peruanas a realizar una investigación imparcial y oportuna del uso de armas por la fuerza pública en el contexto de las protestas, dados los resultados de autopsias practicadas a manifestantes fallecidos con heridas de bala en cuerpo y tórax.

Sin embargo, al gobierno peruano no le gustan las críticas y lo mismo ordena el retiro de embajadores, que congela relaciones o hace advertencias a quien sea que le cuestione sus actos de represión.

Alberto Otárola, primer ministro de Boluarte y antes ministro de Defensa, anunció que planeaban otorgar una cantidad de dinero adicional al sueldo de los policías por “el inmenso sacrificio y profesionalismo".

El informe de derechos humanos cuestiona que el gobierno, no solo se niega a tomar medidas para poner fin a la violencia, sino que altos funcionarios avalan y promueven la actuación de las fuerzas del orden.

El reporte de la ONG afirma también que los uniformados usaron munición prohibida para el control de multitudes incluyendo “perdigones de metal, canicas de vidrio y balas”.

Más aún, los policías usaron fusiles AKM, mientras que los soldados dispararon fusiles Galil, esto constatado en videos difundidos de los hechos registrados en varias ciudades de los Andes, donde han ocurrido casi la totalidad de las muertes en las protestas.

Otro aspecto que destaca sobre el comportamiento de los uniformados es el lanzamiento de gases lacrimógenos de forma directa contra los manifestantes, “vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente, nunca al cuerpo”.