Colectivos nacionales e internacionales denunciaron que la extinta Procuraduría General de la República del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, investigó durante 2015 y 2016 a 3 mujeres, que de alguna forma le resultaban incómodas.
Las pesquisas iban desde el rastreo telefónico de mensajes, hasta geolocalización y el seguimiento de sus actividades, y se incluyeron en la investigación por el hallazgo de 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos de presuntos migrantes en la localidad de San Fernando, Tamaulipas, en 2011.
Se trata de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, ONG que representa a familias de migrantes desaparecidos y masacrados; Mercedes Doretti, argentina cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense que tuvo activo papel en las pesquisas sobre la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México en 2014 y la periodista mexicana Marcela Turati, especializada en trabajos periodísticas sobre desaparecidos.
Estas 3 mujeres fueron respaldadas por familias de víctimas mexicanas y centroamericanas, colectivos de migrantes, de derechos humanos, el Comité para la Protección de Periodistas, una ONG con sede en Nueva York, y representantes de la oficina de la ONU en México.
Delgadillo dijo que luego de un año de pedir la información sobre las investigaciones de las fosas a las que tenían derecho como abogados de las víctimas, encontraron documentación en la que se investigaba a ella, a Doretti y a Turati “ en actividades de delincuencia organizada y secuestro” sin sustento.
La abogada señala que lo que se intentó fue criminalizar al sistema mexicano de derechos humanos, el derecho de las víctimas a ser representadas, a los servicios forenses independientes y a la libertad de expresión, po9r lo que ya presentó denuncia ante las autoridades pertinentes.
Añadió que buscaban justicia y que no hubiera impunidad, agregando que “ojalá al crimen organizado y al Estado coludido con el crimen organizado lo investigaran con esa celeridad”.
Tanto la fundación de Delgadillo como el Equipo Argentino de Antropología participaron con la Procuraduría General de la República en casos de masacres ocurridas en México, incluido el caso Ayotzinapa.
