El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Fiscalía General de la República entregar la versión íntegra de la información sobre las investigaciones de la Comisión Forense sobre el secuestro y homicidio de 72 personas migrantes indocumentadas y sobre los cuerpos de 193 personas hallados en 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, así como de los restos de 49 personas hallados en una carretera de Cadereyta, Nuevo León, en 2012, exceptuando el pago por reproducción y envío.
“Las investigaciones efectuadas por la Comisión Forense están relacionadas con hechos catalogados como violaciones graves a derechos humanos, en la inteligencia de que se trata de sucesos que actualizan los criterios cualitativos y cuantitativos que ha exigido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios para comprobar, justamente, la trascendencia social de estas violaciones; refuerza lo anterior que así han sido calificadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de las recomendaciones 80/2013 y 8/2017”, afirmó el Comisionado Adrián Alcalá al exponer el caso ante el Pleno.
Una persona pidió a la FGR la versión digital y gratuita de documentación generada por la Comisión Forense formada en 2013 para la identificación de restos localizados en San Fernando y en Cadereyta, Comisión integrada por personal de la FGR, el equipo argentino de antropología forense y organizaciones de la sociedad civil.
La FGR puso a disposición del particular una versión pública de más de 9 mil páginas para revisarse en la modalidad de consulta directa, así como en copias simples y certificadas, reservando parcialmente la información concerniente al personal operativo involucrado y la confidencialidad parcial de diversos datos personales de particulares. Se incluyeron minutas, correos electrónicos, presentaciones en power point, dictámenes, perfiles genéticos, informes periciales, actas de reuniones, de recomendaciones y documentos expedidos por el referido órgano de carácter multidisciplinario.
La parte recurrente se inconformó por los altos costos ocasionados por la reproducción de la información de miles de copias simples y certificadas, y por la clasificación parcial de la misma información. La persona solicitante requirió al INAI revisar la procedencia de la reserva y la confidencialidad de la información.
La ponencia del Comisionado Adrián Alcalá determinó que las constancias que atienden a la solicitud se localizan nombres de peritos, agentes del Ministerio Público, reservados porque su publicidad podría poner en riesgo su vida, seguridad y salud derivado de funciones operativas que desempeñan, pero tras revisar 2 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los criterios de la Corte, se confirmó que esa información debe ser pública, por aludir a violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Asimismo, se determinó que, al tratarse de información relacionada con violaciones graves de derechos humanos, la FGR deberá incorporar dicha información en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que, por unanimidad, el INAI determinó modificar la respuesta dada por la FGR, y deberá entregar la información solicitada de manera íntegra y además subirla a la Plataforma Nacional de Transparencia como parte de sus obligaciones de transparencia, lo que facilitará la consulta pública y expedita de la misma.
