Nuevo revés a Trump en su fiebre deportadora

El gobierno del presidente convicto Donald Trump no podrá realizar detenciones y arrestos indiscriminados de inmigrantes en el sur de California.

Esto determinó un tribunal federal de apelaciones quien decidió avalar la orden temporal de una corte inferior que freva esta política del republicano.

Lis 3 jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos llevaron a cabo está semana una vista en la que el gobierno federal solicitió al tribunal revocara una orden de restricción temporal emitida el 12 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, argumentando que obstaculizaba la aplicación de la ley de inmigración.

Grupos de defensa de los migrantes presentaron en pasado mes de julio una demanda en la que denunciaron al gobierno de Trump de perseguir en forma sistemática a personas de piel morena en el sur de California en el marco de su campaña de represión de la inmigración ilegal.

La acusación incluía a 3 inmigrantes detenidos y 2 ciudadanos estadounidenses como demandantes.

Frimpong señaló que había una “montaña de evidencia” de que las tácticas de aplicación de la ley migratoria federal violaban la Constitución, al tiempo que argumentó que el gobierno no puede usar factores como raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, la presencia en un lugar como un depósito de vehículos o un autolavado, o la ocupación de alguien como razón para una sospecha razonable que lleve a la detención de alguien.

El panel de la corte de apelaciones cuestionó la necesidad del ejecutivo de oponerse a una orden que le impide violar la Constitución.

Lis magistrados expusieron que si como sugieren los demandados, no están realizando detenciones que carecen de fundamentos razonables, difícilmente pueden afirmar que se ven perjudicados de forma irreparable por una orden judicial que busca prevenir un subconjunto de detenciones no respaldadas por sospechas razonables”

El gobierno federal alegó que no había tenido tiempo suficiente para recopilar y presentar pruebas, ya que la demanda se presentó poco antes del feriado del 4 de julio y la vista tuvo lugar la semana siguiente.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la decisión de “victoria para el Estado de derecho” y añadió que la ciudad protegerá a los residentes de “la discriminación racial y otras tácticas ilegales” utilizadas por los agentes federales. AP