Poder Judicial de la Federación ordena a Defensa Nacional entregar documentos faltantes en el caso Ayotzinapa

El centro Pro de Derechos Humanos informa hoy que el  Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el pasado 19 de febrero de 2026 un juicio de amparo, y ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, y de  otras instancias militares de inteligencia.

En su fallo, el Juzgado estima una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad en el caso Ayotzinapa.

La sentencia precisa que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada.

La resolución deriva de la demanda presentada en agosto de 2023 por madres y  padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En ella reclamaron la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018, que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.

Las familias señalaron la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional en particular de diversas instancias de su estructura de inteligencia, por el ocultamiento de documentos cuya existencia plena fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En ese informe, el GIEI documentó que tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relativas al seguimiento realizado a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. 

Sin embargo, los folios proporcionados estaban incompletos, lo que evidenció la existencia de documentación faltante y el ocultamiento arbitrario por parte de la institución castrense. 

Apunta que la indagatoria quedó supeditada a los tiempos políticos y se estancó debido a la falta de voluntad del gobierno anterior para confrontar la opacidad de las fuerzas castrenses.

En ese contexto, el fallo reconoce el derecho de las familias de los estudiantes a la verdad y por ende, la obligación de SEDENA de entregar toda la información relacionada. 

La resolución establece además que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta.

Agrega el comunicado del Centro Pro que, dentro de este mismo proceso, en septiembre de 2023 un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información relacionada con el caso.