El caso Ayotzinapa sigue arrojando conclusiones aunque no se conozca el paradero de los 43 estudiantes secuestrados por sicarios, y el informe divulgado este lunes por el Grupo de Investigadores Independientes designado hace ya varios años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indica que la Marina de México participó en la manipulación y ocultamiento de pruebas durante la investigación de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.
La dependencia armada también estaría implicada en la construcción de la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, que resultó ser falsa
El grupo de expertos que investiga el caso. presentó este 28 de marzo su primer informe en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual se sustentó mediante el análisis de documentos y videos militares y de inteligencia que permanecieron ocultos 6 seis años.
Algunas de estas pruebas habían sido objeto de bloqueo por parte de instituciones oficiales, pero el GIEI accedió a los materiales luego de que interviniera el presidente López Obrador.
El grupo de expertos lo conforman el chileno Francisco Cox, la colombiana Ángela Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz y el español Carlos Beristain, quienes investigan el caso desde 2015, y afirman que hay mayor colaboración de las autoridades.
El documento entregado hoy por los investigadores independientes apunta que elementos de la Marina operaron en el basurero de Cocula donde la Procuraduría General de la República en el gobierno de Peña Nieto dijo que los estudiantes habían sido incinerados, horas antes de que el sitio fuera acordonado, sin que las actividades de la Marina fueran registradas en el expediente.
Más aún, el informe de los expertos refiere que el ejército hizo investigaciones que no compartió, y que conoció en tiempo real, pero que tampoco compartió, mensajes de la banda criminal responsable del secuestro, sobre el paradero de algunos estudiantes, algo que pudo ayudar a localizar a los muchachos.
Con todo y esto, el reporte de hoy no arroja luz sobre el paradero de los 43 estudiantes y tampoco esclarece el móvil de ataque y plagio de los muchachos, de los cuales apenas 3 han sido identificados por el hallazgo de huesos calcinados encontrados en distintos lugares.
Los 2 primeros informes del grupo de expertos independientes y la actual fiscalía ya habían indicado que la verdad oficial del pasado gobierno respecto a una cremación masiva en el basurero no era real y que hubo un montaje cuando se reportó en 2014 el hallazgo del hueso de uno de los jóvenes en el río Cocula.
El nuevo informe dice que hubo 2 investigaciones: la oficial y la de un grupo de crisis que no compartían datos, y que la llamada verdad histórica del gobierno de Peña Nieto fue una operación dirigida por una “autoridad superior” en la que participaron “múltiples actores”, incluidas la Policía de Guerrero, la Policía Federal, el Ejército, la Marina, servicios de inteligencia y la Procuraduría General de la República.
Policías de Iguala capturaron el 26 de septiembre de 2014 a un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa con el apoyo de corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del gobierno de Peña Nieto, los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los cuerpos en un basurero de Cocula y tiró los restos a un río cercano.
Expertos mostraron videos de un dron entregados por la Marina donde la mañana del día del anuncio de la “verdad histórica”, y casi 6 horas antes de que se resguardara el lugar, marinos sacaron 3 bultos de un vehículo cuyo contenido se desconoce, e hicieron un fuego que pronto quedó apagado.
Después aparecen personas agarrando y tirando cosas en la parte más profunda de la hondonada, sin que la Marina diera a los expertos explicación alguna.
Las imágenes fueron cotejadas con documentos militares por lo que el grupo de expertos aseguró hay certeza de que quienes estaban allí eran miembros de la Marina y de la PGR.
Después llegaría el entonces procurador Jesús Murillo Karam y más tarde el equipo de peritos argentinos que representa a los padres de los estudiantes. Fue entonces cuando se acordonó la zona.
El informe confirma que se crearon documentos falsos para “legalizar” irregularidades y apunta que la llamada anónima que llevó a la captura de quienes después confesaron haber asesinado y cremado a los jóvenes nunca existió. La existencia de tortura hizo que se anularan muchas pruebas.
Esta vez, el GIEI grupo tuvo acceso a 60 videos de interrogatorios a 50 detenidos realizados no sólo en instalaciones de la PGR sino también de la Marina, que confirman que fue una práctica sistemática. El entonces encargado de la investigación, Tomás Zerón, se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada.
Más de un centenar de personas han sido detenidas desde 2014 pero la mayoría fueron excarcelados por irregularidades en sus procesos y sólo en torno a medio centenar sigue en prisión. Varios testigos clave fueron asesinados
