Noticias del imperio: sanciona Estados Unidos a presidenta de la CPI

Al descendiente de cubanos Marco Rubio no le gusta la Corre Penal Internacional porque incomoda a quienes cometen delitos y necesitan impunidad, como sucede con Estados Unidos y países aliados como Israel.

El inefable secretario de estado norteamericano dió a conocer este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, así como al magistrado  senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal de la corte.

Se trata de un paso más del gobierno del presidente convicto estadounidense Donald Trump para destruir al tribunal. A Washington no le gustan las entidades que peo uran justicia si no son las suyas, y en las que, por cierto, radio vez rinden cuentas.

Rubio dijo en un comunicado que  "estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción" de ese tribunal.

Hace unas semanas, el propio descendiente de cubanos había puesto en marcha una campaña con el fin de acabar con la existencia de esta corte.

"La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía", aseguró Rubio, cuyo país adoptivo si en algo se caracteriza, es por violar la soberanía de otros países.

Las sanciones implican la prohibición de viaje a Estados Unidosy congelación de activos en este país a varios jueces y fiscales de la CPI, debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave, con un gobirrno genocida y un premier acusado de crímenes de guerra..

La CPI ya respondió y dijo que esas sanciones "socavan el Estado de derecho".

Añadió que 'cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo",  al tiempo que rechazó las presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad".

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado el estatuto de Roma, y el Gobierno de Trump aplica la misma vara para Israel y sus ciudadanos, pues el estado judío tampoco ser firmante del estatuto.