Mas de 400 muertos en cárceles salvadoreñas, asegura ONG

El estado de excepción que aplica el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador registra además de decenas de miles de presos, al menos 415 personas muertas dentro de las cárceles que predice el régimen, y bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado.

El estado policiaco en el país centroamericano lleva 3 años, y de acuerdo organizaciones no gubernamentales, esa es la cantidad de personas "asesinadas en manos del Estado".

Alejandro Díaz, de la organización de derechos humanos Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, expuso en conferencia de prensa que la cifra "es un estimado de las ONG's a partir de las denuncias de los casos, al tiempo que denunció que el Estado no ofrece información al respecto.

El régimen de perdida de garantías individuales en El Salvador dio inicio el 27 de marzo del 2022 y desde entonces se contabilizan más de 85 mil 900 detenciones de predintos miembros de pandillas y de personas supuestamente ligadas a estas estructuras.

Díaz comentó que la medida se ha convertido en una "política de seguridad que ha vulnerado derechos humanos en estos últimos años", y sostuvo que bajo esta medida "se han configurado graves violaciones a derechos humanos, delitos internacionales como desaparición de corta duración, desaparición forzada y tortura, y se está aplicando el régimen a defensores de derechos humanos, incrementando la persecución".

El régimen de Bukele suspende garantías constitucionales básicas tales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que ahora es de hasta 15.

Díaz y varios representantes de otras organizaciones no gubernamentales alertaron que el régimen de excepción "ha pasado de ser una medida contra las pandillas, a una medida de control social, ya que "no tiene como fin último garantizar la seguridad, tiene como fin último ejercer un control social de todas las voces que no comulgan con el discurso oficial".

El abogado David Ortiz, también miembro de Tutela Legal, precisó que en los últimos días "hemos visto en mayor envergadura la persecución en contra de personas defensoras de derechos humanos» y citó los casos de la abogada y activista Ruth López, del defensor del medio ambiente Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez