Mantiene gobierno salvadoreño restricción de garantías individuales para combatir a las pandillas
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La población de El Salvador seguirá sin gozar de todas sus garantías individuales para que el gobierno de Nayib Bukele siga poblando su mega cárcel de pandilleros...y uno que otro inocente.
El Congreso salvadoreño, sin independencia alguna y a las órdenes del presidente, aprobó una enésima prórroga del régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales, como parte de la estrategia del gobierno para seguir combatiendo a los grupos criminales.
Se trata de la prórroga número 44, la cual estará vigente hasta el 1 de diciembre, y se aprobó con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso. Solo lo hizo en contra la diputada conservadora Claudia Ortiz además de que los diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista se retiraron del salón de sesiones antes de votar.
Fue el 27 de marzo de 2022, cuando el Congreso aprobó el estado de excepción, que de acuerdo con organismos nacionales e internacionales, ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos. La aprobación vino después de que las pandillas asesinaran a 62 personas en un día.
La prórroga mantiene la suspensión de derechos constitucionales como el de ser informado sobre los motivos de la detención o tener acceso a un abogado. Si usted es detenido en El Salvador, tiene altas posibilidades de acabar en la mega cárcel aunque sea inocente.
Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir telecomunicaciones orden judicial y se extiende la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Durante el régimen de excepción, las autoridades han detenido casi 90 mil personas por cargos de pertenencia o asociación a pandillas. Muchos han sido encarcelados indebidamente y ha habido muertos en custodia de la policía.
El gabinete de Seguridad del gobierno argumentó al pedir la nueva prórroga que la aplicación de las políticas de seguridad ha permitido la reducción de los índices de homicidios, con más de 1.040 días sin la ocurrencia de este delito durante el mandato de Bukele.
En el 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a las pandillas, incluyendo la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, como grupos terroristas.
Al llegar Bukele a la presidencia, el Congreso reformó el Código Penal para tipificar como delito pertenecer a una pandilla, lo cual conlleva una pena de entre 20 y 40 años de cárcel. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años tras las rejas.
También reformó la Ley Penal Juvenil para que cuando los delitos hayan sido cometidos por pandilleros, el máximo podrá ser de hasta 20 años de prisión para los menores con 16 años cumplidos y hasta 10 años de prisión cuando un menor ya haya cumplido 12 años.
