La ley que garantiza en Argentina el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo data apenas del año 2020, y en estos tiempos turbulentos que vive el país sudamericano, un grupo de diputados del partido La Libertad Avanza del ultraderechista Javier Milei, presentó esta semana un proyecto para derogar
El documento está firmado por varios miembros del bloque del presidente, contempla cárcel para la persona que lo solicite y también para el médico que intervenga, además de establecer que un aborto luego de una violación no será "no punible", a menos que un juez exima a la mujer.
La iniciativa conservadora también elimina el artículo de la ley vigente que prevé prisión de 3 meses a un año e inhabilitación por el doble del tiempo de la condena para todo efector o personal de salud que se negara a practicar un aborto en los casos autorizados por ley.
En el texto, se precisa que "entendemos que dicha ley no es constitucional, y contraría el sentir general del pueblo argentino y que no contempla la dignidad de la persona humana, razones por las cuales corresponde promover su derogación".
Dice además que "la tremenda crisis que vive nuestro país no es solo política o económica, es fundamentalmente moral", por lo que "la clase política debe retomar el concepto de 'bien común' como elemento fundante del principio de jerarquía. Así se recupera una legitimidad que hoy es cuestionada, y que solo se reconstruirá si se despliegan las condiciones institucionales, materiales y espirituales que posibiliten el normal y pleno desarrollo de todos y cada uno de los argentinos".
En los primeros 2 años de implementación durante 2021 y 2022, se realizaron en Argentina 170 mil 151 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que permitió que ninguna de esas mujeres y personas gestantes muriera en prácticas clandestinas o fuera criminalizada, como ocurría antes.
Ahora, la bancada del gobierno de Milei quiere eliminar esta alternativa.
