El vocero del Gobierno argentino, Manuel Adorni, anunció hoy que las organizaciones sociales que se movilizaron el pasado miércoles para protestar contra las medidas económicas dadas a conocer por el gobierno ultraderechista de Javier Milei, que benefician a empresarios, inversionistas privados y entidades financieras internacionales, pero que van a empobrecer aún más a la población.
Según el vocero, los organizadores deberán pagarle al gobierno unos 75 mil dólares que costó el operativo de seguridad para evitar el cierre de calles, y dijo en rueda de prensa que "se firmó finalmente la resolución para establecer parámetros del costo de ese operativo, y vamos a intimar a organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no corresponde a la ciudadanía".
Más aún, reveló que el Ministerio de Seguridad publicará el informe sobre el operativo, que según él, ha derivado en denuncias por delitos de extorsión y defraudación al Estado en el manejo de programas sociales.
Adorni adelantó que la línea 134 que se puso a disposición de las personas que fueran presionadas para marchar, recibió 16 mil 150 llamadas de las cuales mil 200 denuncian una serie de delitos, y según él, gracias a esas comunicaciones se logró identificar a 32 personas con nombre y apellido, así como la organización a la que pertenecen, y que presuntamente extorsionaban a los beneficiarios para que fueran a protestar bajo amenaza de no entregarles los planes sociales en los que están inscritos.
El portavoz de Milei advirtió que en la movilización del miércoles fueron identificadas 14 organizaciones que tendrán que pagar el costo del operativo policial.
La manifestación de organizaciones de izquierda realizada antier, recordó como cada año en el centro de Buenos Aires para recordar el estallido social de 2001 que culminó con represión en las calles y la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. En esta ocasión, también sirvió para repudiar el plan anunciado por el Gobierno que de acuerdo con organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, viola el derecho a la protesta social y criminaliza a los manifestantes.
