Fin del Título 42 en Estados Unidos transgrede leyes internacionales: ONU

En los primeros días de la pandemia de COVID-19, el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump implementó una política que, bajo argumentos de salud pública, permitía a las autoridades de ese país expulsar inmediatamente a los migrantes en sus fronteras terrestres sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

Dicha política, conocida como Título 42, terminó el último minuto del jueves tras haber sido renovada varias veces, reactivando la antigua política conocida como Título 8, que autoriza expulsión acelerada de migrantes y prohibición de regreso de al menos 5 años con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo a Estados Unidos.

Las restricciones del Título 8 preocupan a las agencias especializadas de la ONU y transgreden los principios del derecho internacional de los refugiados al limitar el acceso a los solicitantes de asilo que llegan de forma irregular tras transitar por otro país, explicaron la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Los organismos indicaron en un comunicado conjunto que "las barreras que impiden que las personas ejerzan el derecho humano fundamental de solicitar asilo son inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales de los Estados".

Apuntan que la nueva regla del gobierno de Estados Unidos que restringe el acceso de los solicitantes de asilo que llegan de manera irregular después de transitar por otro país, es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados”.

ACNUR y la OIM acogieron con beneplácito las iniciativas positivas para expandir el reasentamiento y otras vías regulares en la región, pero consideran preocupantes las restricciones en el acceso al asilo tras el levantamiento del Título 42.

Esas iniciativas, planteadas básicamente por Estados Unidos, pueden ofrecer alternativas reales a las personas desesperadas que arriesgan sus vidas para encontrar seguridad y soluciones, apuntaron.

Sin embargo, la portavoz de ACNUR, Olga Sarrado, afirmó que “ninguna de esas medidas puede sustituir la responsabilidad de los Estados, de Estados Unidos en este caso, de proporcionar a las personas que acceden a su territorio el derecho a buscar asilo”.

Las agencias recordaron que, si bien la cantidad de personas que se acercan a la frontera estadounidense ha aumentado en los últimos años, la mayoría de quienes se encuentran en situación de movilidad en el continente sigue siendo acogida por países de América Latina.

En este sentido, agregaron que ningún país puede resolver de forma aislada los retos que suponen los movimientos de refugiados y migrantes.

ACNUR y la OIM sostuvieron que sólo se puede avanzar con acciones coordinadas que aborden las causas del desplazamiento y de la migración irregular, que apoyen a las comunidades que acogen a la mayoría de los desplazados, que den acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes y a otros mecanismos de estancia legal, y que faciliten el acceso a vías seguras y regulares como alternativas a los viajes peligrosos.

Las agencias señalaron que medidas como facilitar y extender el acceso a los programas de reasentamiento, reunificación familiar, patrocinio humanitario y movilidad laboral pueden salvar vidas y proteger a las personas de la trata, el tráfico, y otras formas de violencia.

Subrayaron que cualquier acuerdo entre Estados sobre retornos – incluido el retorno de solicitantes de asilo a un tercer país –, debe garantizar la prohibición del retorno forzado de personas cuya vida y seguridad pueda estar en riesgo en su país de origen.

“Los retornos sólo deberían llevarse a cabo siguiendo el debido proceso y con las salvaguardias necesarias, de conformidad con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional”, explicaron.