
El Departamento de Delitos Cibernéticos de la la Fiscalía de Israel y la Policía investigan desde diciembre pasado a Sara Netanyahu, esposa del primer ministro Benjamín Netanyahu, por su presunto intento de intimidar a una testigo e interferir en una causa penal de corrupción contra su esposo.
La información trascendió el domingo y fue confirmada por el organismo a la diputada de Parlamento, Naama Lazimi quien a su vez, la compartió con el medio The Times of Israel.
Hadas Klein, testigo clave en el 'caso 1000', donde se acusa a Benjamín Netanyahu de haber recibido ilícitamente puros, champán y joyas por valor de cientos de miles de dólares, sería la presunta víctima de la intimidación.
Según las pesquisas, parte de esos artículos fueron suministrados, supuestamente, a pedido de su mujer, quien además le habría ordenado a una asistente de su marido ya fallecida, que organizara protestas y una campaña en redes contra Klein.
La investigación se puso en marcha luego de que un programa del Canal 12 puso al descubierto el acoso, así como que la esposa del cuestionado dirigente ultraderechista había influido en el nombramiento del teniente general Danny Levy como comisario de la Policía.
En enero, Hadas Klein dijo en entrevista con el medio que intuía que la persecución que sufría de usuarios en las redes, era dirigida "desde arriba", y la testigo hizo más revelaciones sobre el comportamiento agresivo de Sara Netanyahu hacia ella.
La diputada Lazimi señaló en un comunicado que recibir el aviso de la Fiscalía sobre la apertura de una investigación penal contra la cónyuge del primer ministro "es importante para la supervisión parlamentaria, el sistema de justicia y el Estado de derecho".
Mas aún, calificó a Sara Netanyahu de "delincuente convicta", que, según la pesquisa, "actuó para perjudicar a los funcionarios de la Fiscalía y desacreditar a un testigo".
La esposa del primer ministro israelí investigado por posibles crímenes de guerra en Gaza, fue condenada una multa de 15 mil dólares por corrupción en el marco del 'caso de la comida preparada', en donde se la acusó de utilizar fondos estatales tanto para el cocinero contratado en su residencia y pedidos de comida a domicilio.
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