Denuncian obstrucción al acceso a justicia y violación a la Constitución por el TEPJF

Organizaciones de la sociedad civil denuncian que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está reteniendo de manera indebida un expediente que impugna la designación de sus integrantes, pese a que la Constitución establece que dicha controversia debe ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un grupo de organizaciones ciudadanas presentó el 19 de junio de 2025 ante el Instituto Nacional Electoral, un juicio de inconformidad en contra de los acuerdos que validaron los resultados de la elección extraordinaria de magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF.

Para los quejosos, la acción legal fue interpuesta conforme a la ley, con fundamento en los artículos 50 y 53 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que señalan que estos casos deben ser remitidos a la SCJN.

Para representantes de las agrupaciones Poder Ciudadano, Proyecto Justicia Común, Laboratorio Electoral, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Electoralista, y Práctica: Laboratorio para la Democracia, "este caso es una muestra más del patrón de regresión institucional que ha caracterizado a la actual integración de la Sala Superior del TEPJF: cierre progresivo del acceso a la justicia electoral, debilitamiento de las garantías jurisdiccionales mínimas y desprotección de los derechos colectivos que busca defender la ciudadanía.”

Sostienen que el INE turnó el expediente a la propia Sala Superior del TEPJF, y sin justificación legal, el tribunal recibió el caso y lo asignó a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Desde entonces, el expediente ha sido retenido sin que exista motivo legal para ello, incumpliendo con la obligación de remitirlo de forma inmediata a la Corte.

Dicen estás organizaciones que a más de 9 días de tener el caso, la Sala Superior sigue sin enviar el expediente a su destino legal, cosa que organizaciones como Poder Ciudadano califican de grave violación al derecho de acceso a la justicia, al principio de legalidad y al debido proceso establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución.

Refieren que esta retención injustificada, constituye una interferencia institucional indebida y un intento de obstaculizar la revisión constitucional de una elección que involucra a los propios integrantes del tribunal, lo que pone en entredicho su imparcialidad y compromiso con la legalidad democrática.

Así, las organizaciones firmantes exigen la remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia competente para resolver esta controversia.