Denuncia Amnistía Internacional errores de Fiscalía peruana para investigar muertes en protestas

Perú sigue siendo objeto de los cuestionamientos internacionales por el manejo dado por sus autoridades a las protestas sociales que estallaron entre diciembre y marzo pasados. Ahora se trata de la ONG Amnistía Internacional, quien denuncia que la Fiscalía de la Nación no investiga de forma "inmediata y exhaustiva" las violaciones de derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad durante las pasadas protestas contra el gobierno interino de Dina Boluarte. En un informe sobre la represión ocurrida en el país sudamericano, Amnistía dijo que el Ministerio Público "aún no ha confiscado las armas que las fuerzas de seguridad utilizaron durante las operaciones y tampoco ha interrogado a ninguno de los posibles agentes implicados, pese a que disponían de sus nombres".

Ante tal falta de aplicación en la investigación, la ONG apunta que "la falta de recursos, peritos y fiscales asignados a estos casos, unida a una serie de medidas institucionales tomadas por la fiscal general (incluidas reorganizaciones de personal), han socavado la investigación y la recopilación de pruebas clave". La organización analizó 52 casos de personas fallecidas o heridas en las manifestaciones ocurridas en las localidades de Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca, todas consideradas de las más pobres del país, y dijo que 20 "pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales". En el documento de casi 80 páginas, se ofrecen detalles que apuntan a ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Amnistía llamó a la Fiscalía de la Nación a "investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal", y pidió a la presidenta Boluarte reprobar y finalizar el uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad para responder a las movilizaciones. Deploró que "las más altas autoridades del Perú, en lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares en el contexto de las protestas, respaldaron su actuar optando por invisibilizar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en su mayoría personas históricamente discriminadas social, económica y racialmente". Ante esto, recomendó a Boluarte "condenar públicamente el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad". De paso, solicitó que se "lleve a cabo una evaluación urgente del racismo estructural que parece permear el actuar de las instituciones del Estado peruano".