Decreta gobierno de El Salvador candados a los apoyos que reciben organizaciones no gubernamentales

En el encarcelado país centroamericano de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele quiere cortar la ayuda externa para las agrupaciones no gubernamentales que denuncian todos los días los abusos de su administración, y ahora se vale de los empleados que tiene como legisladores en el partido Nuevas Ideas, para empujar la Ley de Agentes Extranjeros que establece un impuesto del 30 % a las donaciones de ONG’s.

La normativa fue ya aprobada con los votos de 57 diputados de los 60 que tiene el controlado Congreso, y en donde la escasa oposición existente no apoyó dicho ordenamiento además del rechazo de organizaciones nacionales y extranjeras que señalan que es una herramienta para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil.

Esta ley impulsada el presidente Bukele y es similar a una promovida por su Gobierno en 2021 pero en esa ocasión se contemplaba un impuesto del 40%.

La organización Human Rights Watcha, señaló en un comunicado que ha documentado que países como Rusia y Nicaragua, “han utilizado leyes de ‘agentes extranjeros’ como herramientas para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes”.

De hecho, hay grandes similitudes entre los gobiernos de Vladimir Putin, Daniel Ortega y Nayib Bukele: no toleran la crítica, tienen controlado a su congreso, restringen las libertades y operan como un estado policial.

El dictamen establece que el objeto de la ley es tener “un régimen jurídico aplicable a las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directamente o indirectamente por una persona extranjera”.

Se prohíbe que las oenegés “reciban o utilicen donaciones u otros mecanismos de financiamiento para la realización de actividades no declaradas previamente”, así como “cambiar el propósito declarado por el cual recibieron los fondos sin aviso previo” y “recibir donaciones o bienes materiales de cualquier tipo procedentes de fuentes o personas anónimas”.

Fija multas de hasta 200 mil dólares por violar algunas de las prohibiciones y un impuesto de 30% «a las transacciones financieras, desembolsos, transferencias, importación en especie o bienes materiales de cualquier tipo provenientes del mandate extranjero».

Esta ley al gusto del presidente autoritario de El Salvador, la cual se aprobó sin análisis previo de los empleados que tienen curul en el Congreso, , indica que “el presidente podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias”.

Human Rights Watch añadió que “estas leyes, que etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento del exterior, imponen requisitos burocráticos onerosos, facilitan la injerencia estatal y pueden derivar en censura o cierre de organizaciones”.

Y todavía critica el gobierno salvadoreño a regímenes como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba…