Críticas de Fundación Adenauer a elección judicial en México: omite señalar papel de medios comerciales en el proceso

La elección judicial de 2025 en México se concibió como un experimento de democracia directa sin precedentes para  democratizar al Poder Judicial mediante la elección popular de 881 cargos judiciales, pero su desarrollo estuvo marcado por la premura, la improvisación y la falta de reglas claras, asegura la Fundación Konrad Adenauer en un análisis sobre el proceso de renovación de dicho Poder el año pasado 

De acuerdo con esta entidad, ello obligó al Instituto Nacional Electoral a construir la normativa reglamentaria sobre la marcha, de manera reactiva a conflictos y vacíos legales.

Según la Fundación, la reforma planteada en febrero de 2024 y materializada en septiembre tras la consolidación de la mayoría calificada del partido gobernante, demostró la eficaz rapidez de su confección, mediando solo 21 días entre la aprobación del proyecto de dictamen y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Menciona que el proceso electoral comenzó formalmente en septiembre, y su desarrollo afectado por impugnaciones y conflictos, quizá el más relevante y que demuestra la inestabilidad normativa, fue la suspensión de labores del comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación ante la interposición de amparos, que llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ordenar al Senado a conformar la lista de personas postuladas utilizando el método de insaculación de las y los aspirantes.

Apunta Adenauer que estos vacíos normativos, forzaron a las autoridades administrativa y jurisdiccional electorales a ejercer un papel de integración jurídica, resolviendo controversias sobre la marcha lo cual, a su vez, evidenció una división interna en la Sala Superior del Tribunal, que se hizo notoria al debatir temas como la mencionada suspensión de actividades del comité de selección del Poder Judicial, los criterios sobre la paridad de género y el diseño de las boletas electorales.

Asegura que la elección será recordada por la baja participación ciudadana, apenas 13% de la lista nominal acudió a las urnas, la cifra más baja en un ejercicio electoral reciente. Esto se puede atribuir tanto al desconocimiento de las candidaturas debido al gran número de personas postuladas, a la complejidad del proceso y de las boletas que resultaron en un alto porcentaje de votos nulos y de recuadros sin utilizar, así como llamados a la abstención realizadas por figuras políticas de oposición.

La Fundación omite señalar la campaña de medios comerciales para alentar la no participación ciudadana y la descalificación a priori del proceso.

A pesar de que prácticamente el 100% de las candidaturas federales registraron su currículum ven la plataforma oficial del INE, la transparencia fue deficiente.

Sostiene la Fundación que, ante algunos esfuerzos de la sociedad civil organizada para abonar a ejercicios de transparencia de declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, la respuesta fue nula. La combinación de la baja participación y las denuncias públicas por supuestas irregularidades fracturaron la credibilidad del inédito proceso.

Así, el organismo concluyó que la primera elección judicial, a pesar de su pretendida intención democratizadora, fue un ejercicio apresurado, con fallas en el diseño y la ejecución, resultando en baja legitimidad y la exposición de las divisiones internas en las autoridades electorales. 

Añade que es deseable que, para próximos ejercicios electorales de esta naturaleza, se fortalezca la transparencia y se considere un modelo mixto de selección que combine la participación ciudadana con una evaluación técnica rigurosa.