El estado de excepción impuesto por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en su combate a las pandillas está causando efectos colaterales que sus afines en el congreso no quieren ver.
La comunidad jesuita de El Salvador criticó las "detenciones de inocentes" y llamó a no seguir "torturando" a los capturados, como se asegura, llevan a cabo más fuerzas de seguridad.
La denuncia fue hecha por el rector de la Universidad Centroamericana, Andreu Oliva, en la conmemoración del asesinato de 6 sacerdotes de la Compañía de Jesús y 2 colaboradoras en 1989, al tiempo que resaltó la labor de denuncia contra los abusos de los gobernantes del profeta bíblico Jeremías.
Oliva dijo que el profeta pediría el cese de la violencia estatal, "si dejáramos que hablara en este contexto de El Salvador".
Indicó que "les diría a nuestras autoridades, a los policías y soldados: Está muy bien que quieran garantizar la seguridad de su pueblo, ese es su deber, pero actúen justamente, respeten la ley y no se lleven presos a personas inocentes sin pruebas de que hayan cometido algún delito, no denuncien falsamente, no actúen con violencia ni maltraten a su pueblo".
Más aún, pidió a los encargados de los penales que "no sigan torturando a los privados de libertad, no los traten con violencia, trátenlos con el respeto que merecen como personas que son, no permitan que sigan muriendo en las cárceles, sean compasivos y misericordiosos con sus familias y con sus madres e informen oportunamente de la salud y el paradero de sus hijos".
El estado de excepción autorizado desde hace más de año y medio por el poder legislativo cuya mayoría responde a los intereses del presidente Bukele, ha llevado a organizaciones de derechos humanos a cuestionar la perdida de garantías constitucionales.
Está política de seguridad permite detenciones sin órdenes judiciales, tiene a decenas de miles de detenidos en prisión, y al menos 191 personas han muerto estando bajo custodia estatal.
El gobierno no ha hecho caso a los llamados de los organismos internacionales.
