El expresidente Jair Bolsonaro fue llamado por la Policía Federal de Brasil para que aclare su supuesta participación en un plan para instaurar un golpe de Estado en Brasil tras las elecciones en que fue derrotado en octubre de 2022.
Fábio Wajngarten, uno de sus asesores y abogados informó en la red social X que "Bolsonaro fue notificado para prestar declaración el jueves día 22 de febrero en Brasilia", en el marco de la investigación policial lanzada a mediados de febrero, y agregó que su equipo de abogados tomará las medidas necesarias para asegurarle una defensa prevista constitucionalmente al ultraderechista.
Medios brasileños hablan de la posibilidad de que la defensa de Bolsonaro pida aplazar el interrogatorio, alegando que aún no tuvieron acceso a toda la documentación sobre la investigación policial alrededor del expresidente y su entorno.
La Policía acusó al expresidente Bolsonaro, 4 generales, un almirante y una veintena de civiles de urdir un golpe de Estado para evitar que el presidente electo Luiz Inacio Lula da Silva asumiera el poder el 1 de enero del 2023
Esto derivó en el asalto de miles de seguidores bolsonaristas a la sede del Gobierno, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo en Brasilia el 8 de enero de 2023, y las autoridades reaccionaron rápidamente para frenar la asonada, además de que los militares no se movilizaron y el intento golpista fue desactivado.
En la investigación, la Policía confiscó el pasaporte de Bolsonaro para evitar una fuga de Brasil, y se dieron a conocer conversaciones en que el exmandatario y sus ministros y colaboradores más cercanos debatían qué hacer para mantenerse en el poder.
La investigación detectó la existencia de un borrador de un decreto de golpe de Estado que preveía la detención de autoridades y jueces, así como la anulación del resultado electoral; un documento al que Bolsonaro tuvo acceso y que él mismo editó, según la policía.
Bolsonaro está inhabilitado por la Justicia Electoral y no podrá ser candidato en unas elecciones o ejercer cargos públicos hasta 2030, y ahora podría enfrentarse a penas por delitos muy graves, como intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho.
