CIDH urge a Estados garantizar derechos de personas retornadas, deportadas o expulsadas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en un comunicado su preocupación ante el incremento de prácticas de retorno forzoso, deportaciones y expulsiones de personas migrantes y refugiadas, tanto a sus países de origen como a terceros países, sin las debidas garantías del debido proceso ni el respeto a sus derechos humanos. 

La CIDH urge a los Estados de la región a adoptar medidas que aseguren la protección integral de los derechos de las personas en movilidad, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia.

El organismo de la OEA sostiene que en los últimos meses, ha recibido información sobre un significativo incremento de retornos forzosos, deportaciones y expulsiones de personas migrantes en la región que ocurrirían sin respeto a las garantías mínimas del debido proceso. 

Asimismo, ha recibido denuncias sobre la utilización indiscriminada de detenciones migratorias, la incomunicación de personas migrantes, y la ocurrencia de desapariciones forzadas de corta duración en el contexto de sus procedimientos de salida involuntaria o compulsoria.

Evidentemente se refiere a Estados Unidos, uno de los mayores violadores de derechos humanos en el mundo.

La CIDH observa que estas medidas se insertan en un contexto de políticas migratorias restrictivas en la región, marcadas por procesos de externalización y militarización de las fronteras. Asimismo, de un patrón de criminalización, aumento del discurso de odio y estigmatizante en contra de personas migrantes y refugiadas.

También preocupa la celebración de acuerdos bilaterales entre Estados Miembros de la OEA que han establecido mecanismos de naturaleza peculiar para la deportación de nacionales de terceros países, que resultan en traslados de personas que no observarían garantías mínimas del debido proceso y sin una evaluación individualizada de eventuales necesidades de protección internacional. Esto ha generado vacíos legales y de protección que afectan gravemente los derechos de las personas migrantes, refugiadas y sus familiares.

Esto en referencia a Estados Unidos y si satélite en América Central, El Salvador.

Ante este escenario, la CIDH recuerda que, si bien los Estados tienen soberanía para sus políticas migratorias y regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio, dicha facultad debe ejercerse con apego a sus obligaciones internacionales de derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados.

 Esto incluye la obligación de garantizar el debido proceso a todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, y del derecho de buscar y recibir asilo.

La Comisión enfatiza que toda decisión sobre una expulsión o deportación debe ser individualizada, basada en un análisis motivado del caso concreto y con pleno respeto al debido proceso. 

En cuanto a la detención migratoria, la CIDH enfatiza que la situación migratoria irregular, por sí sola, no debería ser fundamento para la privación de libertad. Asimismo, en los casos en que la detención resulte aplicable, debe garantizarse el pleno respeto de las garantías procesales. 

La CIDH insta a los Estados a adoptar un enfoque integral de protección en todos los procedimientos de retorno, deportación o expulsión de personas migrantes, que incluya: i) evaluación del riesgo de persecución o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país de destino; ii) respeto al principio de unidad familiar y al interés superior de niñas, niños y adolescentes; iii) provisión de información clara sobre derechos y procedimientos; iv) análisis de alternativas migratorias antes de adoptar decisiones; y, v) garantía del derecho al asilo para las personas que tengan necesidades de protección internacional.

Finalmente, la Comisión exhorta a los Estados que reciben personas retornadas, deportadas o expulsadas —ya sean o no sus nacionales— a implementar políticas y programas de acogida, asistencia e integración socioeconómica sostenibles; entre ellas, la adopción de protocolos de identificación de perfiles de especial protección, mecanismos de monitoreo post retorno, y articulación entre respuestas humanitarias y de desarrollo.