Luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU expresara en una declaración conjunta su "profunda preocupación por la creciente erosión del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas" en Afganistán, el gobierno talibán volvió a intentar engañar a la comunidad internacional como ha ocurrido desde hace cerca de 10 meses que llegó al poder.
El régimen talibán respondió a la declaración de Naciones Unidas calificándola de "infundada", y negó que haya un retroceso de los derechos de las mujeres, como sucede con la imposición del burka, y reafirmó su compromiso en garantizar sus libertades "dentro del marco religioso y cultural aceptado por los afganos".
El relator especial de la ONU para el país asiático, Richard Bennet, concluyó una visita de 11 días por Afganistán y concluyó que enfrenta una gama de desafíos de derechos humanos que impactan gravemente a la población.
Los miembros del Consejo de Seguridad responsabilizaron a los talibanes del retroceso, y pidieron dar marcha atrás a las políticas restrictivas con los derechos y libertades básicas de las afganas, incluida la obligación de usar el burka o vestimentas similares en lugares públicos o en televisión.
Pese a esto, los talibanes precisan que el uso obligatorio del burka en espacios públicos "está en consonancia con las prácticas religiosas y culturales de la sociedad" de mayoría musulmana.
El gobierno afgano anunció que creará un comité para analizar la posible reapertura de clases para alumnas de cursos de secundaria y superiores, luego de las críticas internacionales al cierre desde que se llegaron al poder en Afganistán. Seguramente no habrá ningún cambio.
El viceportavoz del gobierno talibán, Imanulá Samangani, señala que el comité estará integrado por 8 personas, que incluirá a clérigos y eruditos, y aseguró que “el comité ha realizado algunos trabajos para la reapertura de los institutos para alumnas. Esperamos que pueda ser resuelto en el futuro próximo": pocos saben que ha derivados de dichos trabajos.
Mientras tanto, y al terminar una visita a Afganistán, el relator Bennett señaló que los talibanes no han reconocido ni abordado la magnitud de los abusos de las garantías fundamentales, muchos de los cuales se cometen por su causa
Subrayó su preocupación por la eliminación de las mujeres de la vida pública, y citó atropellos como la suspensión de la educación secundaria de las niñas, las barreras para el empleo, la imposición del hiyab y las limitaciones a la libertad de movimiento, asociación y expresión, por lo que pidió a las autoridades de facto “que revoquen de inmediato las políticas y directivas que afectan negativamente a las mujeres, y que den prioridad a los derechos de las mujeres y las niñas a una participación igualitaria en la educación, el empleo y todos los demás aspectos de la vida pública”.
