El Gobierno peruano habría cometido ejecuciones extrajudiciales contra civiles en las protestas sociales ocurridas entre diciembre y febrero, revela un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch publicado hoy.
El documento consta de 117 páginas, donde HWR documenta el "uso excesivo de la fuerza" por parte de policías y militares contra civiles".
El texto destaca que "49 manifestantes y transeúntes, entre ellos 8 niños menores de 18 años, murieron a causa de las heridas sufridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023".
Apunta que "la mayoría de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, según el derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable".
El informe señala que las fuerzas del orden peruanas hicieron uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas, lo que incluyó el empleo de armas letales.
Todo esto es negado por el gobierno de Dina Boluarte, surgido de la detención y encarcelamiento del presidente electo en las urnas, Pedro Castillo
Dice Human Rights Watch que "aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, algunos manifestantes cometieron actos de violencia. Las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluso disparando fusiles de asalto y pistolas contra manifestantes".
César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo que la presidenta Dina Boluarte es la responsable de los presuntos delitos cometidos por las fuerzas del orden, pues "durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el Gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado".
El gobierno interino al cual los sondeos le piden que renuncie ha negado sistemáticamente las acusaciones de los organismos internacionales.
A ver si no declara el gobierno peruano a HRW organismo no grato.
