Aprobada, reforma para aplazar elección judicial al primer domingo de junio de 2028 y nulidad de comicios por intervención extranjera

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de reformas a la Constitución Política para aplazar la siguiente elección judicial del año 2027, a fin de que se celebre el primer domingo de junio de 2028, y que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del año que corresponda de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Con 29 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, la instancia avaló el dictamen, que deriva de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y diversas propuestas de diputadas, diputados, senadoras y senadores de Morena, PAN y MC, y lo remitió a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.

Por la noche, la iniciativa fue aprobada en lo general junto con artículos no reservados por el pleno con 341 votos a favor por 124 en contra, después de ser descartada una moción suspensiva presentada por la bancada del PRI.

Artículos reservados se debaten este miércoles.

Fija cambios respecto a la operación de los Comités de Evaluación y del proceso de evaluación y selección de personas aspirantes, reducción de candidaturas, simplificación y blindaje del voto, y principio de paridad de género; organización territorial de la elección judicial por circuito y especialidad, y estructura de los distritos electorales.

También, la asignación de candidaturas por especialidad y distrito, cargos asignados a 2 o más distritos, adecuación del marco geográfico en cada proceso electoral, fortalecimiento de la función jurisdiccional, creación de secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y elección de poderes judiciales locales.

El documento, avalado en la Comisión presidida por el diputado Leonel Godoy de Morena, modifica diversos artículos constitucionales y de la reforma del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación

Por otra parte, la Comisión avaló con 28 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, el proyecto de dictamen por el que se adiciona un inciso a la base VI del artículo 41, de la Constitución Política, para introducir como una nueva causal de nulidad de elecciones la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales.

Está iniciativa también fue aprobada en lo general así como los artículos no reservados, dejando para el debate de este miércoles la discusión de los artículos reservados.

El régimen transitorio del dictamen, que deriva de una iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal de Morena, precisa que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este decreto, antes del 5 de junio de 2026.

Además, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el presente decreto.