Afirma ONG que pasado proceso electoral fue el más violento en la historia moderna del país

Según la organización no gubernamental Causa en Común, es falso que las elecciones del pasado 2 de junio fueron ordenadas y pacíficas; y afirma que no lo fueron antes de la jornada electoral, no lo fueron en varios puntos del país durante la misma, y no lo han sido después. 

Por lo tanto, dice, tampoco es cierto que las medidas de protección para aspirantes y candidatos fueran efectivas.

Esta entidad asegura que desde junio de 2023, inició un monitoreo puntual del asesinato de actores políticos. Hasta el día de la elección, se contabilizaron 36 aspirantes o candidatos asesinados, cifra superior a los 30 asesinatos registrados en la elección de 2021 y a los 24 cometidos durante el proceso electoral de 2018. 

De entre los aspirantes o candidatos, el 31% contendía por MORENA (más el 8% por el Partido Verde y el 6% por el PT); el 42% lo hacía por la coalición opositora (8 por el PRI, 6 por el PAN y uno por el PRD); el 8% corresponde a Movimiento Ciudadano, y el resto de los asesinatos corresponde a partidos locales. 

El 92% de los aspirantes o candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal.

En los días siguientes a la elección, fueron asesinados 6 actores políticos, incluyendo 3 candidatos ganadores de sus respectivas contiendas, 2 de ellos para la presidencia de sus municipios. En total, considerando a funcionarios públicos, dirigentes y colaboradores partidistas, se contabilizaron 67 actores políticos asesinados en 18 entidades del país. 

Los estados con mayor número de asesinatos fueron Guerrero (15), Chiapas (11) y Michoacán (7).

Finalmente, Causa en Comín, que dijo sea de paso, su presidenta apareció en eventos de campaña la candidata opositora Xóchitl Gálvez, concluye que queda claro que la violencia en contra de actores políticos no se limita a los periodos electorales, sino que forma parte de la realidad cotidiana de numerosas comunidades del país.

Causa en Común insiste en la urgencia de reconocer la ineficacia de la militarización en materia de seguridad pública, y de poner en marcha programas de fortalecimiento institucional de policías y fiscalías.