Ya tiene la Corte Penal Internacional informe sobre muertes en estado de excepción en El Salvador

Y se tardaron...

La  organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario, elaboró un informe sobre personas muertas estando encarceladas bajo custodia de agentes de seguridad del Estado, desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele implementó el régimen de excepción para combatir a las pandillas en marzo de 2022, llegará a manos de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya.

Esto reveló la abogada Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), agrupación que da asistencia legal gratuita a familiares de personas detenidas presuntamente de forma arbitraria.

En el informe aparecen datos de contexto sobre la medida de excepción, considerada por ONG's y organismos internacionales como atentatoria contra los derechos humanos, una relación con los nombres de los más de 430 detenidos fallecidos en diferentes cárceles del país y un análisis de dichas muertes.

Esto explicó Escobar a la agencia de noticias EFE, y este documento será el primero en llegar a la Corte Penal sobre el asunto, de acuerdo con la abogada, quien espera que otras organizaciones de derechos humanos "aporten más información sobre lo que sucede en El Salvador en el contexto del régimen de excepción".

SJH informará al tribunal de justicia internacional  sobre posibles delitos cometidos por el Estado salvadoreño durante la implementación de dicho régimen, como "desaparición forzada de cientos de personas, torturas, detenciones arbitrarias y, en general, graves tratos crueles inhumanos y degradantes en el sistema penal de El Salvador".

La Asamblea Legislativa de El Salvador que manejada a placer por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la prórroga número 41 del régimen de excepción por lo que la medida  estará vigente, al menos, por otros 30:días más.

Bajo este régimen se han registrado más de 87 mil  detenciones de supuestos miembros de pandillas o acusados de estar ligados a estas bandas, se han reportado casos de violaciones a derechos humanos en su mayoría por detenciones arbitrarias, y más de 430 muertes en cárceles bajo custodia del Estado.

Además,  según la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos, el estado de excepción "no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como herramienta para silenciar las voces críticas" del Gobierno.

El tema ya está en la mesa de la Corte Penal Internacional.