Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciara ejecuciones extrajudiciales parte de las fuerzas de seguridad peruanas durante las protestas por la remoción del presidente Pedro Castillo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó su respaldo a las Fuerzas Armadas.
La interina descalificó el dictamen de la Comisión y de organismos no gubernamentales como Human Rights Watch, y dejó impunes las muertes de unas 60 personas desde el inicio de las protestas en diciembre pasado.
Los reportes de las agrupaciones de derechos humanos responsabilizan a los militares de las muertes de civiles durante las protestas ciudadanas.
Durante un acto público en Lima, Boluarte prefirió hacerse del apoyo de los militares que hacer justicia, y declaró que "en mi condición de presidenta de la República, les renuevo mi respaldo y mi confianza para continuar trabajando por el país". Imagínese si no lo hace.
Asimismo, se deslindó de la responsabilidad sobre la muerte de civiles durante las protestas, pretextando que no posee capacidad de mando sobre las fuerzas del orden.
"Puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando sobre ellas, declaró la interina hace unos días al diario local El Comercio.
Durante las manifestaciones, y según la Defensoría peruana, 61 personas fallecieron, de las que 49 murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, 11 fallecieron por acciones indirectas causadas por las protestas y un policía murió presuntamente a manos de manifestantes.
Las protestas exigían la salida de Boluarte y del Congreso para que adelantaran las elecciones generales, cosa que los legisladores rechazaron.
