Varios países latinoamericanos buscan nulificar a las ONG's, denuncia Amnistía

Un informe realizado por Amnistía Internacional sostiene que en países como  Ecuador, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Nicaragua y Perú, la promulgación de leyes que persiguen acallar a las organizaciones no gubernamentales durante los últimos 6 años, está "deteriorando el tejido social" en esas naciones porque pone obstáculos al trabajo dificultar de estas entidades que defienden los derechos fundamentales y ofrecen ayuda humanitaria.

En el reporte revelado hace unas horas en Paraguay, Amnistía señalo que las legislaciones que regulan la actuación de las ONG en los países mencionados, "se imponen controles desproporcionados" a las organizaciones de la sociedad civil, lo que, "afecta directamente su capacidad para apoyar y acompañar comunidades» vulnerables.

En declaraciones a la agencia española de noticias EFE, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, aseguró que "estamos viendo un aumento significativo en lo que llamamos prácticas autoritarias en diferentes medidas, que están restringiendo la labor de personas que defienden los derechos humanos, de personas que son identificadas como disidencias a los Gobiernos y eso se ha manifestado en un cierre del espacio cívico".

Mencionó que las disposiciones de estas leyes buscan "ahogar financiera y administrativamente" a las organizaciones al "exigirles requisitos que son tan complejos que finalmente hacen que la organización esté casi que dedicada a cumplirlos".

Piquer puso como ejemplo  la Ley de Agentes Extranjeros promulgada en 2025 en El Salvador, que ordena un 30% de impuestos sobre las transacciones internacionales de las ONG que operan en este país.

"Eso, sumado a otros impuestos a los que ya estaban sujetas, puede significar que paguen más de la mitad de sus ingresos en impuestos. Ya casi que no pueden cumplir su labor, su presupuesto no da", agregó Piquer.

En este país, su presidente Nayib Bukele hizo que el poder judicial le permitiera perpetuarse en el poder, algo que no estaba establecido en la Constitución salvadoreña.

Otro ejemplo ocurre con la ley sancionada en 2020 en Nicaragua, primera de este tipo para entonces en América Latina, que ha provocado el cierre de cientos de organizaciones.

En esa nación, el régimen autoritario de Daniel Ortega y su mujer, también modificó las leyes para mantenerse de manera prácticamente vitalicia al frente del gobierno.

"En Ecuador, la narrativa estigmatizante fue muy brutal, se sumó en un contexto de protestas", según Piquer, y aseveró que en ese país, en el marco de la ley que regula a las ONG, se cerraron las cuentas bancarias de muchas organizaciones.

En este país, Daniel Noboa sacó al ejército a las calles de varias ciudades el día de las elecciones, maniobra que inhibió el voto popular y le facilitó la victoria.

Finalmente, se refiere en el informe que una ONG venezolana denunció ante Amnistía que el Gobierno chavista considera a las organizaciones civiles como enemigos internos, asegurando en una declaración protegida por el anonimato, que "somos percibidos como opositores al Gobierno porque documentamos y denunciamos violaciones a derechos humanos".