Un grupo de la ONU concluye que arresto del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria y pide su liberación

No pocos aseguraban esto, incluido el gobierno de México...

La detención del expresidente peruano Pedro Castillo, quien cumple condena de 11 años y 4 meses de cárcel por presunto intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, "fue arbitraria y debe ser puesto inmediatamente en libertad", dijo hoy el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

Mas aún, considera también que por ello, de le debería de ofrecer una indemnización.

El dictamen tiene fecha del 4 de junio, pero apenas se reveló hace unas horas en medios peruanos, y en el mismo, el grupo apunta que la detención de quien gobernara el país  entre 2021 y 2022 contravino artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El reporte indica que la privación de libertad del expresidente no tenía sustento legal y pone en tela de juicio las circunstancias de su detención así como la falta de justificación individualizada para mantenerlo en prisión preventiva.

Incluso, el grupo de la ONU sostiene que no contó con las garantías de un juicio justo,  considerando que teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, lo  adecuado" sería poner a Castillo "inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".

De igual forma, el grupo de expertos llamó al Gobierno peruano "a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad" de Castillo  y tiene  "las medidas pertinentes contra los responsables de

la violación de sus derechos".

De paso, solicitó, "información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión" en un plazo de 6 meses.

Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022  y juzgado hasta el 27 de noviembre de 2025, sentenciado a 11 años y 4 meses de prisión por conspiración para la rebelión. Desde entonces, su defensa ha presentado 6 pedidos de indulto, rechazados con el argumentos de que el proceso sigue en marcha porque fue apelado ante tribunales superiores.

El mandatario interino de Perú, José María Balcázar, declaró que debe tener un sustento jurídico constitucional para otorgar una gracia presidencial, aunque agregó que esperará "a ver lo que pide o no pide el expresidente de la República".

El ministro de Justicia, Luis Jiménez, informó que el pasado 25 de junio ingresó "una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales".