En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirma que la iniciativa de ley aprobada en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que plantea la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, sí afecta a los trabajadores.
Esto contradice lo expresado al respecto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró en su conferencia mañanera del miércoles que la extinción de los fideicomisos no afecta al personal del Poder judicial.
Al respecto, la Corte considera que la extinción de los fideicomisos afecta los derechos laborales de las y los trabajadores. Afirma que al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos laborales y de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Apunta que estos derechos adquiridos están reconocidos en la Constitución y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en diversos instrumentos legales.
Expone la Corte que los derechos tutelados en estos instrumentos normativos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el Poder Judicial de la Federación.
Por ello, los recursos que integran estos fideicomisos son los que se requieren para el aseguramiento de estos derechos adquiridos, tanto en el presente como a futuro, con base en análisis actuariales
que definen el porcentaje de participación de fideicomisos y el porcentaje de gasto corriente.
Asimismo, apunta que el personal operativo del Poder Judicial, que representa es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos.
Dice además la Corte que la extinción de fideicomisos limita la operatividad del Poder Judicial, y, con ello el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto.
Además de los fideicomisos que cubren obligaciones de carácter laboral y en materia de seguridad social para el personal del Poder Judicial, existen otros que atienden necesidades específicas de operación, como el fideicomiso para el “Desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales
en Materia de Justicia Federal”. La extinción de este fondo, según la Corte, afecta la implementación de las reformas y compromisos del Estado mexicano.
Los fondos de otro fideicomiso, el 80687, se destinan a proyectos de infraestructura, que tienen que ver con los espacios donde se imparte la justicia y que están al servicio del personal del Poder Judicial, y de usuarios del sistema judicial.
Aseguran los magistrados que la administración de los fideicomisos es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la iniciativa aprobada no significa una mejora en este rubro.
La información sobre los fidecomisos con los que cuenta el PJF es transparente y consultable por cualquier persona que quiera conocerla, y según la Corte, de manera trimestral se actualiza y publica, en portales de transparencia y Diario Oficial de la Federación.
Añade que los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros, y que ninguno de los 14 fideicomisos cuenta con recursos que se destinen a pagar alguna prestación para las ministras y los ministros de La Corte.
Agrega que el fideicomiso relacionado con casas habitación de las personas magistradas y juezas, cubren gastos vinculados con prestaciones inherentes a sus funciones
