Se despide Piña de la Corte con un informe y varias omisiones

"No respondimos con estridencias; respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación; apelamos a la razón, a la norma, a los hechos y a la técnica jurídica”, afirmó la ministra Norma Piña en su último informe de labores como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de colgar la toga y cesar sus labores el 1 de septiembre, llevándose consigo un bonche de dinero, suficiente para aceptar la jubilación.

El Informe de Gestión de Piña Hernández abarca de enero de 2023 a agosto de 2025, en el que hizo un resumen de las acciones y de su administración.

El evento se llevó a cabo en la sede de La Corte, y en el mismo acto, las presidencias de la Primera Sala, a cargo de la ministra Loretta Ortiz y de la Segunda Sala, presidida por el ministro Javier Laynez, respectivamente, presentaron también un informe de sus actividades durante el presente año

En su mensaje, la ministra Piña Hernández destacó "la firmeza con la que el Poder Judicial de la Federación se mantuvo en el marco de condiciones de adversidad sin precedentes, sosteniendo los pilares de la Constitución frente a la desinformación y las agresiones".

Firmeza que en muchos casos estuvo al servicio del poder económico y no de la población como se reflejó en varias de sus sentencias. pese a estas evidencias, Piña expresó que la independencia judicial no se ostenta, se ejerce.

En su discurso reconoció a ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas, jueces y al personal administrativo y profesional, que contribuyen a la justicia del país, sin señalar el paro de 3 mese que llevaron a cabo, avalado por ella misma y con goce de sueldo para todos, el cual dejó sin acceso a la justicia a millones de mexicanos

Apuntó que la Corte reiteró su convicción de que la justicia debe atenderse con sensibilidad y amplio compromiso social, especialmente con las personas en situación de vulnerabilidad, pero no se refirió a casos como el del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien se niega a pagar miles de millones de pesos en impuestos, asunto en el que ese compromiso social brilló por su ausencia y el expediente se quedó en el cajón de uno de los muebles de las oficinas de los ministros que se van.

“Tengo la convicción de que la justicia en nuestro país es una necesidad que debe atenderse con sensibilidad y con un amplio compromiso social. Escuchar, comprender contextos, remover barreras de acceso y reparar vulneraciones exige empatía, cercanía y humanidad. Pero esa sensibilidad no es incompatible con la exigencia técnica, ni con lo que nuestras leyes establecen y menos con lo que nuestra Constitución mandata, justificó.

Aseguró que, en el ámbito de la lucha contra la corrupción, se mejoraron los sistemas de seguimiento patrimonial, auditorías y mecanismos de denuncia, y se dio seguimiento a 411 expedientes de responsabilidad administrativa...solo que apenas se impusieron 36 sanciones firmes. El resto, apercibimientos y amonestaciones en su mayoría.

Mencionó que entre 2023 y 2025, la Suprema Corte fue objeto de recortes presupuestales, el más alto de ellos para el presente ejercicio fiscal, en que el Poder Legislativo determinó reducir el presupuesto en 714.4 millones de pesos, el más grande en, al menos 15 años”.

Piña señaló que en 2023, La Corte inició a un modelo de gestión integral y transversal basado en resultados. Se fomentó la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos, pero una parte importante de ellos se destinaron a cubrir los jugosos salarios y prestaciones de los cuales se beneficiaron incluso sus familiares, sin que dichos recortes los afectaran.

En cuanto a la gestión del personal, aseguro que se optimizaron los procesos de movimientos de personal, la actualización del Reglamento de Escalafón y la reducción de los contratos por honorarios, sin mencionar que un porcentaje de plazas en el Poder Judicial mexicano, están distribuidas entre amigos y familiares-

Verdades a medias e irregularidades escondidas...