Sanciones de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional amenazan la Justicia universal

La coacción y las sanciones contra la Corte Penal Internacional son ataques contra los principios mismos del derecho internacional, advirtió la presidenta de la Asamblea General de la ONU.

La declaración de Annalena Baerbock se produjo mientras la asamblea debatía el informe anual de la Corte, a la luz de las sanciones impuestas este año por Estados Unidos a jueces y fiscales.

Las sanciones se derivan de una orden ejecutiva de febrero en respuesta a la emisión por parte del tribunal respaldado por la ONU de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, como presuntos autores de crímenes de guerra en Gaza.

Las sanciones pueden incluir el bloqueo del acceso financiero a propiedades o activos en Estados Unidos, así como la prohibición de viajar. Baerbock recordó que el tribunal se fundó sobre el principio de que "la justicia es un deber universal, pero que su tarea sigue sin cumplirse.

"Por más de 2 décadas, el tribunal se ha enfrentado a la impunidad y ha demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la rendición de cuentas sigue siendo posible",  afirmó la alemana. "Sin embargo, hoy, mientras somos testigos de atrocidades que siguen conmocionando la conciencia de la humanidad, es evidente que la misión del tribunal está lejos de haberse cumplido".

Baerbock destacó la importancia de la cooperación internacional para las investigaciones, las detenciones y la ejecución de órdenes judiciales, así como la necesidad de independencia como garantía para asegurar que los crímenes sean juzgados en virtud del Estatuto de Roma, el tratado internacional que fundó la Corte.

Sin embargo, subrayó que la Corte no ha estado libre de interferencias, y expresó que."se ha sancionado a funcionarios de la Corte por defender el estado de derecho y exigir responsabilidades, y sus sistemas han sido objeto de ciberataques destinados a socavar la credibilidad de la Corte".

Baerbock sostuvo que «no se trata de incidentes aislados, sino de ataques deliberados contra la Corte con el objetivo de debilitar el estado de derecho y erosionar la confianza en las instituciones internacionales".

Una resolución presentada a la Asamblea General subraya que los funcionarios de la Corte deben poder desempeñar su mandato "sin intimidación» y «condena cualquier amenaza, ataque o injerencia contra la Corte, su personal o quienes cooperan con ella".

La presidenta del tribunal, la jueza Tomoko Akane, dijo a los delegados que las sentencias del tribunal recuerdan a la comunidad internacional que la justicia "trasciende fronteras e intereses", pero que cuando los jueces son presionados, amenazados o socavados, se debilita la credibilidad del propio derecho internacional".

Añadió que "los ataques, las amenazas y las medidas coercitivas contra la Corte y sus funcionarios han persistido y siguen representando una grave amenaza para la administración de justicia por parte de la Corte y la lucha mundial contra la impunidad".

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Akane pidió a los Estados miembros que defiendan el sistema jurídico internacional.

Durante el año transcurrido hasta agosto, más de 18 mil víctimas han participado en casos ante el tribunal.