La salida de prisión de Abraham Oseguera alias "el Rodo" se retrasó para “proteger la dignidad del Estado mexicano”, aseguró este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, toda vez que “consideramos que se debía hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones".
Señalo que "aunque el juez había dado un ultimátum de 3 horas, se determinó no acatar de inmediato para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado mexicano”, razón por la cual el Gobierno de México va pagar 2 multas de 25 mil pesos por no acatar la orden del juez de una liberación de manera inmediata.
De acuerdo con la funcionaria “consideramos que era mejor pagar a ser víctimas del escarnio de gobiernos extranjeros”
Asimismo, la liberación de este sujeto fue retrasada en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, toda vez que se hizo una consulta de antecedentes con el gobierno de Estados Unidos para saber si había alguna orden de extradición.
Oseguera fue recogido por un vehículo la madrugada de hoy al salir de la cárcel ubicada en el Estado de México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina de este martes que se trata de “un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México”.
El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, habló del caso durante la mañanera de este día y tachó al magistrado Rogelio León Diaz Villarreal como un “juez que favorece a presuntos delincuentes”.
Informó que algunos de los argumentos que dio el juez para dejar libre al hermano del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, están el que Abraham no podía cargar un arma larga debido a su edad y salud, respaldada por la mera opinión del médico llevó el acusado como testigo y no mediante dictamen pericial”.
Al magistrado tampoco le pareció razonable que un mayor de edad estuviera armado y llevando consigo drogas a tan altas horas de la noche (pasadas las 3 de la mañana del 21 de abril)
El lunes, en un comunicado, la Fiscalía General de la República hizo una amplia exposición de los hechos ocurridos en torno a la captura de el hermano del "Mencho", y señaló que, en una
investigación por delitos graves de alto impacto, y después de 4 ocasiones en las que diversos Jueces de Control, con sede en la Ciudad de México, negaron órdenes de cateo en el domicilio de Abraham “O”, la Guardia Nacional mantuvo vigilancia sobre el inmueble que ha venido ocupando dicha persona.
En la madrugada del pasado 21 de abril, las unidades de la Guardia Nacional observaron a 3 personas en las afueras del domicilio citado, portando armas de fuego y en actitud beligerante, quienes los amagaron y se introdujeron a tal domicilio, cerrando la puerta.
Por tal motivo, los miembros de esa corporación se vieron obligados a dar seguimiento a dichas personas en el interior inmueble, en debido cumplimiento de su obligación legal de perseguir un hecho delictivo evidentemente flagrante.
En el interior del inmueble, efectivamente encontraron a Abraham “O”, portando un arma larga carabina de asalto calibre 5.56 x 45 y un arma corta calibre .9 milímetros, así como una cartera-bolsa con 38 gramos de cocaína; dos mil 011 pastillas de fentanilo y 255 pastillas de fluoprofentanil, razón por la cual se procedió a su detención y traslado a la Ciudad de México, poniéndolo a disposición del Ministerio Público Federal.
Es importante señalar que, durante ese evento, familiares de Abraham “O”, pretendieron dolosamente ocultar la verdadera identidad de éste, atribuyéndole el nombre de Rodolfo Garibay González, y al respecto pudo acreditarse que dicha persona también había tramitado y obtenido una licencia con el referido diverso nombre, lo cual es un delito que se comprobó al identificar debidamente a la persona ya mencionada.
Durante ese mismo evento, agentes de la Policía Municipal de Autlán, que tenían conocimiento de que quien actuaba era la Guardia Nacional con el resguardo del Ejército Mexicano, presentaron ante la Fiscalía Federal en esa ciudad una denuncia en contra de los elementos actuantes; evidenciando con ello, la colusión y la complicidad de las autoridades policiacas locales, que llegaron al extremo de comprometer a sus propios directivos de esa corporación municipal, entre ellos, al subdirector de la misma.
Esa conducta cómplice y encubridora se ratificó cuando dichos elementos de la policía municipal fueron presentados como testigos por la defensa del acusado, en la audiencia de vinculación correspondiente.
Ya en el procedimiento judicial, y después de haber obtenido del Juez de Control Rogelio León Díaz Villarreal, la calificación de legalidad en la detención, al arribar a la audiencia de vinculación, el acusado pidió una extensión de varios días; al final de los cuales sus abogados presentaron una serie de videos fragmentados, sin secuencia cronológica y sin documentación técnica que les diera credibilidad y certeza.
Dado que dichas pruebas no habían sido puestas a disposición del Ministerio Público por un lapso de varios días, y con ello impidiendo con ello su valoración y dictaminación pericial respectiva, ya que se obtuvieron 2 horas antes de la reanudación de la audiencia, lo cual dejó a la Representación Social en estado de indefensión; y, en esas circunstancias, el Juez decretó la libertad de dicha persona con base en estos videos tan cuestionables e insuficientes, mientras el propio Juez soslayaba y dejaba de valorar las acusaciones por los delitos graves ya señalados en contra de Abraham “O”.
En este caso, con tantas conductas judiciales negativas para impedir cateos; dándole credibilidad a cuestionables videos segmentados; más el soslayamiento del Juez a las acusaciones y pruebas por delitos graves; y la presencia ominosa de complicidad y encubrimiento de la policía municipal de Autlán y de sus directivos; todo ello ha generado una evidente conducta judicial y de autoridades diversas que le dieron ventajas indebidas al acusado, en contra de la Representación Social y de las víctimas; razones por las cuales se presentará de inmediato el recurso de apelación respectivo y las denuncias penales que procedan en contra de autoridades policiacas locales.
Todo lo anterior es una muestra más de los constantes criterios parciales e incongruentes de autoridades judiciales, que no deben quedar al arbitrio de una persona; y sí deben estar estrictamente determinados por la ley, como lo señala el artículo 19 de la Constitución General de la República.
