Retiran autoridades de la CDMX más de 50 mil vapeadores de la via publica

El Gobierno de la Ciudad de México, garantizó el retiro de vapeadores de la vía pública, tras ejecutar un operativo en donde se decomisaron 50 mil 376 vapeadores, con el fin de hacer un espacio público accesible y salvaguardar el bienestar de las y los ciudadanos.

“Entiendo que un disparo de estos vapeadores equivale 4 cajetillas de cigarro en cuanto al contenido de nicotina. Imagínense ustedes lo que significa para la salud", aseguró la funcionaria capitalina

Dijo también que "se recuperan más de 50 mil vapeadores, que hace el gobierno de la ciudad en estas tareas de recuperación del Centro Histórico, mercancía que está prohibida por, como hemos dicho, todas las implicaciones que se tienen”.

En el evento donde se presentaron las mercancías aseguradas, realizado a un costado de la Plaza de la Constitución, la mandataria añadió que estas acciones se suman a 24 mil 572 retiros de mercancía ilegal, misma que eran vendidas en calles del Centro Histórico, como parte de un proyecto que contempla la disminución y eliminación de la venta de productos ilegales en la zona.

"El Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal, mencionó Brugada, e indicó que "hemos retirado mercancía a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Finanzas de la ciudad, también a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un conjunto de operativos que han evitado que llegue mercancía ilegal al Centro Histórico”.

Brugada Molina reiteró que estas acciones forman parte de un proyecto que contempla la recuperación del Centro Histórico. "Nos permite hablar de esta gran recuperación de las calles, de la vía pública por parte del Gobierno de la Ciudad, en especial de la Secretaría de Gobierno y del área de la subsecretaría que atiende todo el reordenamiento en vía pública”.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, destacó que la Subsecretaría de Reordenamiento decomisó 50 mil 376 vapeadores y cigarros electrónicos, tras el levantamiento de un puesto semifijo y una bodega, ubicada en la Calle de Peña y Peña, en el centro de la Ciudad de México, el pasado 9 de enero; mismos que fueron entregados a la Agencia de Protección Sanitaria federal, para su destrucción.

Explicó que por un precio de entre 150 y 200 pesos mexicanos de cada uno de estos dispositivos, se retiraron aproximadamente 10 millones de pesos en mercancía, y detalló que se detuvo a un hombre de 26 años que tenía 2 armas y marihuana, la cual fue remitida al Ministerio Público.

Asímismo, hizo un llamado a los comerciantes en vía pública del Centro Histórico:

"Primero, a que no vendan este tipo de artículos. Segundo, que tampoco vendan ningún tipo de mercancía prohibida, contrabando, mercancía que pudo haber sido robada (...) no vamos a permitir que se venda este tipo de mercancía”.

La secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, aseguró a su vez que la modificación a la Ley General de Salud establece un marco claro frente a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, misma que se coloca como una herramienta legal para actuar y proteger la salud de la población.

Gasman Zylbermann subrayó que estos dispositivos generan adicción, como principalmente los que tienen contenido de nicotina, mismos que son engañosos por sus sabores y presentaciones, lo cual minimiza el riesgo que representan y afectan de manera muy especial a niños, niñas y adolescentes porque interfieren con su desarrollo neurológico y facilitan el inicio temprano de otras adicciones.

Expuso que en México más de 14 millones de personas, equivalente al 15% de la población, fuman actualmente; otros 14 millones quedan expuestas involuntariamente al humo del tabaco; y 12 millones han usado alguna vez un cigarrillo electrónico.

Además, subrayó que cada año el tabaco provoca 63 mil muertes prematuras; mientras que los padecimientos respiratorios representan una de las principales cargas de enfermedad en el país con más de 12 millones de registros acumulados en 2025.

La fiscal general de justicia, Bertha Alcalde Luján, señaló que dicha reforma a la Ley General de Salud, no criminaliza a las personas, no persigue a las y los ciudadanos, ni busca penalizar el consumo individual, pero sí prohíbe el negocio, lucro y comercialización de estos dispositivos que generan daños comprobables a la salud, especialmente de niñas, niños y adolescentes.