Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana lamentó la suspensión de actividades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, debido a lo que a su juicio es una falta de voluntad y responsabilidad del Senado de la República para concluir los procesos de selección de personas comisionadas.
Por ello, exige al Senado que cumpla su deber y se realicen los nombramientos faltantes antes de que concluya el periodo de sesiones el próximo 30 de abril.
Señala la patronal que la falta de quórum legal en el instituto es una muestra grave de la impunidad que impera en el Senado para acatar resoluciones judiciales que les ordenan realizar los nombramientos que no llevaron a cabo en tiempo y forma.
Por ello, urge que cumplan con su deber y designen a las personas que hayan obtenido las mejores calificaciones en cada uno de los procesos de selección y se garantice el funcionamiento del INAI, organismo garante del acceso a la información y protección de datos personales.
Los empresarios dicen que es alarmante e inadmisible que ante las reiteradas advertencias de multas y sanciones a la Junta de Coordinación Política por el desacato a la resolución de la jueza Decimoséptima de Distrito en Materia Administrativa, las y los senadores continúen sin cumplir su responsabilidad con la Constitución y la ciudadanía.
Coparmex llama a la Junta de Coordinación Política de la cámara alta a que impulse con prontitud y transparencia, las 3 designaciones faltantes, para que el pleno del INAI cuente con sus 7 integrantes, y a usa que como resultado de las violaciones a la Constitución y a la resolución judicial por parte del Senado, el INAI no puede sesionar desde el 1 de abril de este año.
Añade que se vio impedido de sesionar el 12 de abril por falta de quórum legal, lo que tuvo como consecuencia que 500 medios de impugnación no pudieran resolverse, es decir, 500 ciudadanas y ciudadanos fueron afectados ya en sus derechos por culpa del Senado.
Añaden los patrones que las mayorías legislativas no deben usarse para impedir a la ciudadanía el ejercicio pleno de nuestros Derechos Humanos como es el acceso a la información pública y la protección de nuestros datos personales.
